Tarancón se plantea expedientar al María de Icíar al confirmarse irregularidades en contratos de profesores

Las irregularidades que rodean el polémico caso del colegio privado María de Icíar (Riba-roja), concertado el año pasado, han traspasado ya los lindes del fraude fiscal para extenderse a la contratación de varios profesores. El consejero de Educación, Manuel Tarancón, ha iniciado el trámite de expedientar al centro, tras los informes de la inspección educativa, que confirman las denuncias publicadas por EL PAÍS el pasado 29 de marzo referentes a que "la hija de la titular del centro, que no imparte clases, está contratada". Según fuentes de Educación, el consejero Tarancón está estudiando el tipo de sanciones que corresponden y se plantea la retirada del concierto que inicialmente por ley tiene una duración de dos cursos. El concierto obliga a cada centro a informar a la Administración del número y nombre de los profesores que imparten clases en los niveles concertados, para que ésta endose la nómina mensual en la cuenta personal de cada profesor y evitar así que la titularidad del centro haga un uso indebido de esta parte del concierto. Con ello, se pretende además garantizar que los docentes cobren de conformidad con el sueldo por niveles estipulado en los acuerdos entre sindicatos, patronal y la propia consejería.

Sin embargo, según las denuncias presentadas, la titular del centro, Begoña Rey de Arteaga, ha incumplido la normativa y, por ejemplo, ha puesto a su hija en la fórmula de "nómina de delegada" y a otros dos profesores de su confianza, de forma que al menos tres docentes han sido excluidos del concierto y de los niveles que imparten. Éstos últimos cobran mediante "talones cruzados, fuera del plazo, y con meses de retraso".

La falta de transparencia se completa con las quejas de los padres que aseguran que, desde que saltaron a la luz pública las supuestas irregularidades fiscales denunciadas por Trabajo en octubre pasado, "las puertas del colegio permanecen cerradas" y "no pueden acceder al recinto a la hora de recoger a sus hijos". Los padres también denuncian que "los recibos mensuales por concepto de comedor no se desglosan" y no saben por qué están pagando. Al conocerse el expediente de Trabajo, Educación optó por embargar la partida de gastos de funcionamiento, que asciende a unas 800.000 pesetas y exigió a la empresa ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias. Cosa que, hoy por hoy, sigue incumpliendo.

La situación, que se arrastra desde octubre pasado, según fuentes consultadas, sólo puede cortarse con la intervención de la Agencia Tributaria. Un embargo total de Hacienda a los titulares del centro acabaría con las irregularidades y daría al profesorado la posibilidad de reflotar el centro, en forma de cooperativa.

FETE-UGT, que está en la comisión de seguimiento de conciertos, ya ha pedido una investigación en toda regla del caso y ha emplazado a Tarancón a que se haga cargo del asunto y de la situación laboral de los docentes "puesto que el colegio está concertado, por voluntad de la Adminstración". Gonzalo Castillo, de FETE-UGT, apunta que "las irregularidades no son normales", pero asegura que "hay centros que la consejería tendría que supervisar de cerca", en referencia a la academia de la ex concejal de Unión Valenciana, Dolores García Broch. Castillo propone "una revisión del sistema de control de conciertos, tanto del proceso de asignación como de la gestión del presupuesto público que reciben".