Condenado el criminólogo del 'caso Alcàsser' por injuriar al fiscal Beltrán
El titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia ha condenado a Juan Ignacio Blanco, el criminólogo que saltó a la fama por sus controvertidas opiniones sobre la investigación del caso Alcàsser, al pago de una multa de 945.000 pesetas como responsable de un delito de injurias graves hechas con publicidad.El magistrado, Juan Antonio Torrecilla, también obliga a Blanco a indemnizar con un millón de pesetas al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, que denunció al criminólogo por las manifestaciones que éste efectuó en Revista de Gandia, una publicación editada en la capital de La Safor.
Beltrán llevó al juzgado una entrevista en la que Blanco defendía la existencia de una reunión de la que habrían salido instrucciones respecto a las autopsias de las niñas de Alcàsser, las tres adolescentes secuestradas, torturadas y asesinadas en diciembre de 1992. Concretamente, Blanco acusó a Beltrán y al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, de acordar la realizacion de unas "autopsias de avío". Es decir, de intentar que los médicos no reflejaran los detalles más escabrosos del crimen.
Blanco añadía en la entrevista, que el periodista transcribió fielmente, "que estas instrucciones fueron las que facilitaron a los verdaderos asesinos" su huida, tal como sucedió en el caso de Antonio Anglés, supuesto coautor del triple crimen. El juez entiende que el criminólogo hizo alusión al encuentro "a pesar de ser conocedor de la falsedad de la pretendida reunión y su contenido".
Es más, según el magistrado, esas manifestaciones se hicieron "atentando gravemente contra el honor de todas las personas que cita" y sin el amparo del derecho a la libertad de información, que no cabe cuando esas declaraciones fueron realizadas sin que mediaran "las oportunas averiguaciones" o la "diligencia exigible" a un profesional.
El juez, que absuelve a Blanco de un delito de calumnias, desvincula de cualquier irregularidad a Alfredo Martínez, entonces editor de la revista, recogiendo todos los argumentos de su abogado, Miguel Armengot.
