Fujimori lucha por un tercer mandato

ENVIADO ESPECIALAlberto Fujimori aspira a conseguir hoy en las urnas el espaldarazo para lograr un tercer mandato consecutivo al frente de un país que ha experimentado una profunda transformación tras encontrarse al borde de la quiebra. Sin embargo, su mandato está salpicado de sombras, especialmente debido al concepto que tiene de la democracia el presidente peruano.

Cuando accedió por primera vez a la presidencia, Fujimori se encontró con que su antecesor, Alan García, le entregó un país aislado de la comunidad financiera internacional, después de que el FMI declarase a Perú "prestatario inelegible" por la decisión del Gobierno de García de limitar el servicio de la deuda externa en el 10% de las exportaciones. El PIB había caído casi un 20% en los dos años anteriores y la tasa de inflación anual alcanzaba el 2.776%. Dos organizaciones armadas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), acorralaban al Estado. La guerra había causado más de 17.000 muertes en 10 años, y las pérdidas económicas equivalían a la deuda externa peruana. La mayoría de la población y el 45% del territorio nacional estaban en zonas declaradas de emergencia.

El análisis de numerosos estudiosos de Perú y de un número creciente de políticos presagiaba el derrumbe del Estado a manos de los insurgentes. En este contexto, Fujimori planteó la guerra contra la subversión como prioridad y como una cuestión de supervivencia del Estado y de su propio Gobierno. Pero tropezaba con un problema: carecía de mayoría en el Congreso. Había ganado la segunda vuelta de las elecciones con el 63% de los votos, pero sólo ocupaba el 18% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 23% en el Senado.

La primera medida fue recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales a través de un plan de estabilización económica ortodoxo, conocido como el fujishock. Apenas tres semanas después de asumir la presidencia, anunció un paquete de medidas de choque, que incluían un ajuste fiscal con aumentos de precios de hasta el 400%, y otras medidas drásticas. En contra de lo que había prometido en su campaña electoral, Fujimori se inclinaba abiertamente por una política económica neoliberal, que en los meses y años siguientes incluyó profundas reformas: unificó y liberalizó el tipo de cambio, redujo considerablemente el sector público, privatizó empresas e instituciones financieras, llevó a cabo una reforma fiscal, eliminó las leyes que garantizaban la seguridad en el puesto de trabajo, liberalizó las relaciones laborales y privatizó la seguridad social.

Paralelamente, Fujimori buscó desde el primer momento el apoyo de las Fuerzas Armadas para derrotar a la guerrilla, lo que algunos interpretaron como el embrión de una dictadura cívico-militar. Según el cálculo del presidente, esta alianza le iba a permitir la pacificación del país, un apoyo institucional que compensara la falta de una estructura partidista sólida -Cambio 90 era un endeble movimiento político- y conjurar el riesgo de un golpe militar.

Sin la mayoría parlamentaria necesaria, Fujimori actuó con frecuencia sin tener en cuenta al Congreso, a través de la vía del decreto-ley. La realidad pronto le demostró que era prácticamente imposible gobernar por un periodo de cinco años un país al borde del abismo sin el apoyo del Parlamento. Los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo se agudizaron a partir de noviembre de 1991, y el 5 de abril de 1992, Fujimori anunció el cierre temporal del Congreso y la creación de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. El presidente justificó el autogolpe en un discurso pronunciado un mes después en la asamblea de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde afirmó que en Perú no estaba en juego la existencia de la democracia, sino la dictadura de la partidocracia.

El golpe provocó en diciembre del mismo año un intento de contragolpe de un reducido grupo de militares, encabezado por el general Salinas Sedó, que fue rápidamente desbaratado. Dos meses antes, Fujimori había obtenido el mejor tanto en la lucha antiterrorista con la captura de Abimael Guzmán, el mítico líder de Sendero Luminoso, venerado como presidente Gonzalo por sus seguidores. Fue capturado en una casa de un barrio residencial de Lima, lo que demostró que la cúpula senderista ya no estaba en el departamento andino de Ayacucho, donde nació la organización, sino en la misma capital. Fue el principio del fin del movimiento guerrillero más peculiar de cuantos han existido en América Latina, que combinó un mesianismo de raíces incaicas con el maoísmo y una actuación en la práctica extremadamente violenta. Después de Guzmán fueron cayendo todos los miembros de la dirección de Sendero, hasta dejar al movimiento prácticamente desarticulado. El presidente Gonzalo, el fundador y el ideólogo, condenado a cadena perpetua, se pudre en el penal de máxima seguridad de la base naval de Callao, en una celda en la que no tiene acceso a la televisión. Otros 3.000 de sus camaradas y del MRTA están diseminados en varias cárceles.

Fujimori ha presentado reiteradamente la derrota de Sendero Luminoso y la pacificación de Perú como la mejor prueba de su capacidad de gobernar y como la justificación de sus abundantes muestras de autoritarismo, iniciadas con el autogolpe de 1992.

Para ganar la guerra interna dio amplias facultades y recursos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y a su asesor Vladimiro Montesinos. El servicio cumplió a la perfección la misión encargada. Acabó con el terrorismo, pero a cambio adquirió una cuota de poder desmesurada, hasta el punto de convertirse en el puntal del régimen de Fujimori. El asalto a la residencia del embajador japonés para liberar a los rehenes secuestrados durante cuatro meses por un comando del MRTA fue la reválida del SIN. Ninguno de los asaltantes salió con vida de la operación diseñada por el servicio de inteligencia, considerado hoy uno de los más eficientes del continente.

En el imaginario peruano, Montesinos es el poder en la sombra. La mano del SIN aparece detrás de cualquier actuación del Ejecutivo comprometida con los principios democráticos. Desde las más graves violaciones de derechos humanos, como la matanza de Barrios Altos (1991), donde 16 vecinos fueron acribillados al creer que participaban en una reunión terrorista, hasta el asesinato de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta (1992), en respuesta a un atentado de Sendero Luminoso, o las torturas irreversibles perpetradas a la antigua agente Leonor la Rosa por denunciar prácticas ilegales de los servicios de inteligencia.

Fujimori fue reelegido en 1995 con un resultado espectacular: 65% de los votos en primera vuelta y mayoría en el Congreso de una sola Cámara. El Chino interpretó su victoria como el más claro ejemplo de que los peruanos apoyaban en su mayoría "el camino de orden, la disciplina y el progreso", sin necesidad de la antigua partitocracia.

Desde entonces, fue preparando su perpetuación en el poder con un tercer mandato consecutivo, que la Constitución prohibía explícitamente. Para ello, hizo aprobar la ley de interpretación auténtica de la Constitución, y el Congreso destituyó a tres jueces del Constitucional que se opusieron a este texto. Todo ello le permitió anunciar en diciembre su candidatura a la rereelección, en medio de las críticas de la oposición.