Interior reclama una Secretaría de Estado de Inmigración que quede bajo su control directo

El nuevo Gobierno contará con una nueva Secretaría de Estado, la de Inmigración. Las dimensiones que ha adquirido el problema, la necesidad de coordinar esta política con los países europeos y la dispersión en numerosos ministerios de las distintas facetas que abarca la inmigración han aconsejado a José María Aznar crear un organismo de coordinación de rango elevado. Fuentes gubernamentales han señalado que el Ministerio del Interior reclama para sí el control de la nueva Secretaría, que coordinaría competencias repartidas en otros departamentos como Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales.

Aznar anunció al inicio del año que la inmigración, junto con el terrorismo y la situación del País Vasco, eran los retos políticos más importantes de su Gobierno en la entrada del nuevo milenio. Acorde con esta declaración, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, apuntó durante la campaña electoral la creación de un nuevo organismo, con un rango elevado, que coordine las políticas de inmigración. En ese momento acababa de estallar el primer gran conflicto social en España con la inmigración como telón de fondo, en El Ejido (Almería). En España hay alrededor de 350.000 extranjeros legalizados y un número incontable de inmigrantes sin papeles o pendientes de regularizar su situación. Aznar ya ha solicitado informes a los ministerios para diseñar ese nuevo organismo que, según todas las fuentes consultadas, tendrá categoría de Secretaría de Estado. Coordinará competencias de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, Exteriores y Justicia.

Las competencias de Interior del nuevo organismo serían las relativas a los permisos de residencia, los procedimientos de entrada en España, el control de fronteras y la seguridad. De Exteriores se coordinaría todo lo relacionado con la cooperación internacional, la política común europea y los programas de formación concertados. Trabajo y Asuntos Sociales aportaría las competencias sobre empleo y condiciones laborales de los inmigrantes.

Las cuestiones relacionadas con la política social, sanitaria y vivienda son responsabilidad de las comunidades autónomas. Éstas han presionado al Gobierno para que cree un organismo coordinador similar al creado tras los sucesos de El Ejido y que ha dependido de Administraciones Públicas, cuyo titular en funciones es Ángel Acebes. "La necesidad de coordinar en un solo organismo y en una sola política todas estas facetas es apremiante", señalaban ayer fuentes gubernamentales, que, además, en poco tiempo dispondrán de un instrumento legal como la Ley de Extranjería.

Sindicatos y ONG

Pero la política de coordinación en materia de inmigración no debe limitarse al Gobierno, sino que debe extenderse a los sindicatos y las ONG, según las fuentes del Ejecutivo consultadas. "Los países europeos están ensayando fórmulas ante este nuevo fenómeno. Aún no tienen claro el sistema", señalan.

Otra de las cuestiones pendientes es de qué ministerio debe depender la nueva Secretaría. Interior reclama para sí la coordinación de las oficinas de los ministerios competentes en esta materia, pero desde otros departamentos se defiende la opción de que el nuevo organismo esté integrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los partidarios de esta segunda opción argumentan que la clave del problema de la inmigración es lograr una política de integración social adecuada.

Avalan su propuesta con razones instrumentales y de organigrama. El actual Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales quedará debilitado en el nuevo Gobierno si se confirma la hipótesis más probable de que Aznar cree un Ministerio de la Seguridad Social unido a Sanidad. Si a ello se suma que Trabajo ha quedado debilitado con el traspaso de las políticas activas del Inem a las comunidades, podría quedar compensado con una Secretaría de Estado de Inmigración.

Política de Estado

Una tercera hipótesis en este contencioso entre ministerios es que, finalmente, Aznar decida que la inmigración, elevada al rango de política de Estado, dependa directamente de Presidencia. Esto no es descabellado a la vista de que las políticas de inmigración de los países europeos van a coordinarse en las cumbres comunitarias en las que Aznar tendrá un papel protagonista. Las fuentes consultadas recuerdan cómo el propio jefe del Ejecutivo elevó a rango de política de Estado el seguimiento de la tregua de ETA y a tal efecto creó un nuevo organismo dirigido personalmente por él. "Si se tiene en cuenta que Aznar ha elevado la inmigración al rango de prioridad política, junto al terrorismo y la situación en el País Vasco, ahora podría suceder lo mismo", subrayan dichas fuentes.