Servicio fiscal
La historia de los fiscales generales del Estado es pródiga en actos de servicio al Gobierno que los nombró, pero es difícil encontrar uno tan descarado como el que acaba de prestar Jesús Cardenal. Ha relevado al fiscal del caso Ercros, en el que se investiga un posible delito de alzamiento de bienes, porque en su informe se mostraba partidario de imputar al ministro Piqué y de mantener el sumario en el Supremo. Los hechos están relacionados con la suspensión de pagos de Ercros en 1992, cuando Piqué era consejero delegado.Cardenal, cuya tendencia a actuar como correa de transmisión de los intereses del Gobierno está bien consolidada, siempre ha estado muy pendiente de las diligencias judiciales abiertas sobre el caso Ercros. Tenía motivo para ello: desde su inicio, la investigación judicial apuntaba en lontananza al antiguo consejero delegado, convertido en ministro en 1996. Llegada la hora de materializar la acusación, Cardenal no ha dudado en pararla, a pesar del respaldo mayoritario -nueve votos frente a tres- de la Junta de Fiscales de Sala al dictamen acusatorio y de la negativa del fiscal del caso a cambiar su informe por otro exculpatorio.
En este asunto, lo menos grave es que el fiscal José Aranda, inmediato superior jerárquico del fiscal del caso y principal víctima de la "guerra de los fiscales indomables" en la Audiencia Nacional, haya decidido hacer lo que rechazó su subordinado. Lo verdaderamente grave es que el fiscal del Estado, mediante el empleo oblicuo de los servicios de otro fiscal, haya desautorizado un trabajo profesional de tres años que contaba con el respaldo mayoritario de la Junta de Fiscales y que lo haya hecho sin ulterior consulta. Los indicios "sólidos" del primer informe se convierten en ausencia de "los indicios exigibles" sobre la responsabilidad de Piqué y el mantenimiento del caso en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Cardenal ha prestado desde luego un servicio al Gobierno en el tramo final de su mandato. A Piqué le ha exonerado de someterse a las penalidades de un procedimiento que conlleva un estigma al margen de la propia sentencia. A Aznar le allana el camino para el caso probable de que quiera seguir contando en su nuevo Gobierno con el hombre que encabezó la lista del PP por Barcelona. Habría sido escandaloso nombrarlo estando acusado de un delito en el Supremo. Lo malo es que el procedimiento elegido para esa exoneración lleva el escándalo en sí mismo.
