Condena a Defensa por el arresto ilícito del presidente de un colectivo de guardias
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Defensa a indemnizar con 2.250.000 pesetas al presidente de un colectivo de guardias civiles, la Asociación de Simpatizantes de la Guardia Civil (Asigc), Joaquín Parra Cerezo, por el arresto "ilícito" y la suspensión de empleo y sueldo de tres meses que le impuso el 10 de abril de 1990 el entonces director general del cuerpo, Luis Roldán, que ahora está encarcelado.Roldán decidió sancionar a este guardia, natural de Murcia y destinado en la actualidad en Nules (La Plana Baixa), por ser un dirigente del clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil y por efectuar declaraciones "contrarias a la disciplina militar" a la prensa.
Parra -que sufrió los tres meses de arresto en la Comandancia de Palencia, en la que estaba destinado entonces- ha tenido que embarcarse en un proceso judicial que se ha prolongado 10 años. Los gastos que ha afrontado son tan elevados que deberá destinar una buena parte de la indemnización a sufragarlos. "Estos costes hacen que muchos guardias que sufren arrestos ilícitos no se decidan a acudir a los tribunales", se queja Asigc.
El presidente de Asigc ya había logrado que el Tribunal Militar Central y el Tribunal Supremo le dieran la razón al estimar que el arresto impuesto por Roldán vulneraba los derechos de defensa y presunción de inocencia porque la acusación sólo se basaba en sospechas. Sin embargo, para lograr que se reconociera su derecho a ser indemnizado este guardia ha tenido que recurrir hasta la Audiencia Nacional.
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