Urbanismo requiere en dos ocasiones a Diego Such para que informe sobre obras ilegales en La Nucia

La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo ha decidido intervenir en un caso de supuesta violación de las normas urbanísticas de La Nucia denunciado, ante todas las instancias posibles, por un vecino de la localidad cuya propiedad ha sido materialmente rodeada por bloques de adosados que superan la altura máxima permitida y el volumen de edificabilidad. La Administración autonómica ha requerido a Diego Such, ex consejero de Industria y actual alcalde de esta población de La Marina Baixa, para que le remita toda la documentación referida a las promociones que se llevan a cabo en cinco parcelas de la urbanización San Rafael.El consejero del ramo, José Ramón García Antón, tendrá que comparecer ante las Cortes para responder verbalmente a dos preguntas al respecto tramitadas por Ángela Llinares, diputada de EU que reclama plazos para una actuación oficial ante las irregularidades detectadas. Para conocer los pormenores del caso, Urbanismo ha tramitado ya dos requerimientos a Diego Such, el 7 de octubre de 1999 y el 28 de enero de este año, al efecto de conseguir la documentación solicitada.

La Consejería de Obras Públicas, que tutela el cumplimiento de los planes de desarrollo de todo el territorio valenciano, tiene la potestad de intervenir en los municipios cuando se produzcan o denuncien casos de dejación de funciones o violación de las normativas locales. Ese sería el caso denunciado, hace ya un año, por Agustín Robles, propietario de una vivienda en la urbanización San Rafael que desde entonces asiste con estupor a la construcción de bandejas de adosados a su alrededor, con alturas por encima de lo permitido y volumetría excesiva. "Me han emparedado, y sospecho que el Ayuntamiento no actúa con rapidez porque quiere legalizar lo construido de forma ilegal", señaló ayer Robles.

Las denuncias del afectado no han caído en saco roto. El concejal de Urbanismo de La Nucia ordenó, el 18 de febrero, la suspensión cautelar inmediata de las obras en ejecución, tras comprobar los inspectores que no se ajustaban a la licencia concedida.

El decreto de paralización de los trabajos concede al promotor de las viviendas un plazo de dos meses para que se ajuste a la licencia concedida o, en su defecto, tramite una nueva solicitud de acuerdo a la obra ejecutada. Si en ese plazo no se aporta esa documentación o lo construido no puede legalizarse, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras.

Agustín Robles mantiene que los bungalows construidos no pueden ser legalizados porque contravienen las normativas urbanísticas de La Nucia, y asegura que pese a la orden de paralización y precinto cautelar de las obras ejecutado por la Policía Local, las brigadas continúan trabajando en el interior de las viviendas denunciadas.