Quejas tardías
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha quejado de que no tiene medios suficientes para perseguir los casos de información privilegiada en sus distintas variantes. La protesta es algo tardía. Desde la llegada del actual presidente, Juan Fernández Armesto, han existido anomalías suficientes como para verificar si existían evidencias de alteración del juego limpio que debe presidir el funcionamiento de los mercados. Los casos registrados en otros países deberían haber alertado hace tiempo sobre esa insuficiencia de medios en el nuestro.No es razón válida la dificultad que encuentra la supervisión como consecuencia de la proliferación de emisiones de valores pertenecientes a las nuevas tecnologías de la información. Esa mayor actividad emisora es una constante desde hace tiempo en los mercados internacionales, y se han tomado medidas a tiempo.
Pero más vale tarde que nunca. Ahora debe ser el Gobierno el que tome nota de las advertencias del presidente de la Comisión y ponga los medios necesarios, incluidas las propuestas de reformas legislativas, para que esa supervisión funcione. No se trata sólo de endurecer el catálogo de sanciones y extenderlo más allá de los chiringuitos de turno o de mentalizar, como recomienda Fernández Armesto, a los emisores, sino de revisar en profundidad el propio sistema de supervisión y conectarlo más eficazmente con los de otros agentes financieros, incluido el Banco de España. Esta revisión no debería hacerse sin un debate público previo y sin la participación de todos los agentes del mercado, incluidos los pequeños inversores.
De la preservación de esa transparencia y de que se garantice la igualdad de oportunidades de todos los agentes que invierten o ahorran dependerá que esta suerte de capitalismo popular no desemboque en una gran frustración, propia de los capitalismos de casino. Un número creciente de españoles ha confiado a esos mercados una parte de sus ahorros y sería deseable que lo siguiera haciendo sin tener que sospechar que unos pocos privilegiados disponen ilegalmente de información que les permite manipular las cotizaciones.
