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Reportaje:

La Guardia Urbana, un modelo a debate

"Una paga extra de 300.000 pesetas" a abonar con carácter anual. Esta es la primera de una larga lista de reivindicaciones presentadas por uno de los sindicatos de la Guardia Urbana y llegada a la mesa de negociación, con el respaldo de un movimiento asambleario. La Asociación Sindical de Policías Locales de Cataluña ha sido abanderada, junto con Comisiones Obreras, en unas negociaciones que van más allá de un convenio y en las que se juega el modelo de policía local..Las peticiones de la Guardia Urbana topan con un Gobierno municipal que exige, para negociar, primero el fin de las movilizaciones y, segundo, hablar de todo. Joan Clos ha encargado a sus hombres redefinir el modelo policial para adaptarlo a las ciudad y a la normativa que dibuja la Carta Municipal. La ciudad, defiende el Gobierno municipal, no puede tener guardias dedicados a poner multas que no se cobran (hasta un millón al año) ni puede poner un agente detrás de cada coche. Parte de las funciones de control de tráfico las pueden hacer las máquinas: semáforos con radar, cámaras, autobuses con cámara que fotografíen los coches que ocupen el carril bus. En cambio, hace falta potenciar la policía de barrio. Y todo ello sin contar con que la llegada de los Mossos supondrá un cambio también importante.

En esta tesitura, opinan los responsables municipales, abordar un aumento de plantilla es una temeridad.

Conscientes de que puede ser una de las últimas veces que negocien desde la fuerza, algunos secotores de la Guardia Urbana (se negocia de forma asamblearia, más allá de los sindicatos) se han planteado una especie de desafío total y han planteado reivincdicaciones que se hallan al el límite del reconocimiento constitucional de la igualdad como, por ejemplo, la exigencia de que los hijos de los funcionarios municipales tengan, por el mero hecho de serlo, tres puntos más al hacer oposiciones a una plaza del Ayuntamiento. "Quieren la plaza en propiedad y dejarla en herencia", ironizaban ayer fuentes municipales. Pero no se acaban ahí las cosas. Piden más, mucho más. Por ejemplo, que en el caso de que un urbano aparque mal y se le lleve el coche la grúa, tenga un descuento del 50% en la multa y las tasas. Y que al pagar los impuestos municipales, se les haga un 30% de rebaja. Y más: que si viven fuera de la ciudad, el ayuntamiento corra con el coste del peaje de las autopistas, y si viven en Barcelona, que tengan todos los transportes gratuitos.

Un capítulo especial es el de los pluses: nocturnidad, 60.000 pesetas mensuales; por festivo (incluidos sábados y domingos) 6.000 pesetas diarias; por peligrosidad, 11.500 mensuales; por quebranto de moneda, 4.000 pesetas al mes; por prolongación de jornada (hasta 11 horas al mes) 30.000; una hora extra diurna, 3.000 pesetas; una nocturna, 4.000 pesetas.

Piden también la jubilación a los 60 años y que a los 55 el Ayuntamiento pague a los agentes cursos de informática para que a los 57 puedan abandonar la dura calle. La minuciosidad de la plataforma es notable. Así, por ejemplo, sus autores han previsto incluso los partos múltiples, en cuyo caso el agente tendrá dos días festivos por hijo.

Los sindicatos se cuidan de no hacer público que Barcelona tiene 1,6 guardias por cada 1.000 habitantes, uno de los porcentajes más altos de Europa. El Gobierno municipal, en cambio, resalta este dato.

El sindicato que plantea las reivindicaciones más radicales es mayoritario en el cuerpo y está convencido de que logrará doblegar a los representantes populares.

El pulso empezó a finales de año y se convirtió en un órdago el 31 de diciembre cuando el miedo al efecto 2000 hizo que el equipo de gobierno convocara a trabajar a un alto porcentaje de funcionarios. Los guardias se negaron y anunciaron que, además, no harían horas extraordinarias hasta que se aceptaran su peticiones al completo. "Primero se cuadraron y luego quisieron negociar", resaltó un miembro del equipo de gobierno.

Colapso circulatorio

Paralelamente, empezaron a convocar manifestaciones que colapsaban el centro de la ciudad, no porque fueran multitudinarias sino porque sus propios compañeros de servicio se convertían en cómplices de los manifestantes en perjuicio de las ciudadanos. La última carta la jugaron los guardias el 12 de marzo: no hubo agentes en los colegios electorales. Nadie los echó en falta y el erario público ahorró 60 millones de pesetas.

La respuesta del Ayuntamiento a la postura de fuerza fue contundente: no negociar bajo presión. Un portavoz municipal explicaba: "No podemos ampliar la plantilla, por ejemplo, para cubrir los partidos de fútbol tres horas por semana. No es rentable para le ciudadano de ninguna de las maneras".

Los guardias dejaron de hacer horas y de cobrarlas. Una pérdida de ingresos que ha producido enfrentamientos internos. Hay guardias que han pedido hacer horas extraordinarias ahora y cobrarlas cuando se normalice la situación. La respuesta del Ayuntamiento ha sido contundente: el diálogo exige normalidad, no pude hacerse bajo presión.

Después de todo, señalan fuentes municipales, el dinero es de los ciudadanos. El equipo de Gobierno, argumentan, tiene la obligación de administrarlo bien, aunque sea a costa de cierto deterioro en la imagen.

Carles Ribas

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