EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' El defensor de Galindo afirma que la investigación fue "teledirigida"

José María Fuster-Fabra, el defensor del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, afirmó ayer, en sus alegaciones en el juicio por el caso Lasa-Zabala, que se hizo una "investigación teledirigida a buscar personas concretas [Galindo y sus hombres de Intxaurrondo] porque en aquel momento convenía". El letrado responsabilizó de ello al comisario Enrique de Federico, del que dijo que nunca trató de contrastar la versión de los hechos ofrecida por el principal testigo de la acusación, el policía Ángel López Carrillo.

José María Fuster-Fabra, que realizó un informe vehemente y brillante en el que, con gran sentido del humor, trató de resaltar los puntos débiles de la acusación, destacó que a Enrique Rodríguez Galindo se le atribuye haber ordenado el secuestro, las torturas y el asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, por lo que el fiscal pide para él 110 años de prisión, y se preguntó: "¿A quién se ha preguntado en este juicio si sabía que Galindo ordenó los secuestros y asesinatos?" "A nadie", se respondió él mismo.El defensor de Galindo precisó que en la vista ha quedado claro que Lasa y Zabala fueron secuestrados y asesinados y que debería haber quedado probado quién lo ordenó y quién lo hizo, pero que eso no ha sido así porque se ha hablado muy poco de los hechos concretos.

López Carrillo, contradicho

En ese sentido, Fuster-Fabra desmenuzó en aspectos concretos los testimonios de los principales testigos contra los acusados en general y Galindo en particular. Con grandes dosis de apasionamiento y sarcasmo, afirmó que la ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles aseguró que este caso se había investigado hasta la náusea. Sin embargo, el abogado puso de manifiesto cómo no se había contrastado el relato del principal testigo de cargo, Ángel López Carrillo.

Utilizando símiles deportivos, Fuster-Fabra fue impugnando diversos aspectos de la versión de López Carrillo. Así, señaló que siete testimonios contradicen el del policía cuando habla de su labor en el Gobierno Civil de Guipúzcoa, y recalcó: 7 a 1; sobre la presencia de guardias civiles en el Palacio de la Cumbre, 11 a 1; sobre quién iba en el coche del gobernador, 7 a 1; sobre si J-1 era el indicativo de Galindo, 11 a 1; sobre si pararon en Placencia de las Armas (Guipúzcoa) para llamar a Intxaurrondo, 7 a 1; sobre si en el lugar del atentado había controles de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales), 10 a 1. Un total de 25 personas contradicen a López Carrillo en diversos aspectos de su declaración, dijo. "Mantener ese testimonio para dictar una sentencia condenatoria", enfatizó, "no es un acto de valoración jurídica, es un acto de fe". Y concluyó calificando el testimonio del agente como "surrealista, kafkiano e increíble".

Respecto al testigo Pedro Luis Miguéliz, Txofo, el letrado realizó un análisis similar y señaló que ha implicado en el secuestro de Lasa y Zabala a los guardias civiles Enrique Dorado, Felipe Bayo, Luis Sandoval y Juan Francisco Hermida, pero que tanto Hermida como Sandoval acreditaron documentalmente que se encontraban en otros sitios, por lo que se les levantó la imputación.

"Si el testigo dice la verdad, la dice para todos. Y si miente, también es para todos", puntualizó Fuster-Fabra, quien dijo que Dorado y Bayo tienen cuatro testimonios, frente a uno, de que estaban en el lugar del atentado de Oñate en las horas en las que supuestamente Lasa y Zabala fueron secuestrados.

El abogado realizó idéntica disección sobre las declaraciones de Bayo, los papeles aportados por el ex coronel Juan Alberto Perote y los testimonios de Luis Roldán, José María Velázquez Soriano y el testigo protegido 1964-S.