Los nacionalistas y la mayoría absoluta JAVIER PRADERA

La reunión mantenida la pasada semana por las tres formaciones nacionalistas firmantes de la Declaración de Barcelona -ambicioso programa reivindicativo aprobado en julio de 1998 y ratificado luego por otros encuentros en Vitoria y Santiago- no produjo más novedad que el anuncio de una sesión de trabajo organizada para coordinar los esfuerzos de sus representantes en el Parlamento de Estrasburgo, las Cortes Generales y las Asambleas autonómicas. La propuesta del PNV de emprender una acción conjunta en el Congreso a fin de promover la creación de selecciones deportivas de Cataluña, el País Vasco y Galicia que pudieran competir contra el equipo de España en los campeonatos internacionales fue desechada por el BNG a causa de su carácter folklórico. Los diferentes tonos y matices de las declaraciones a la prensa de los portavoces nacionalistas al salir de la reunión pueden ser interpretados como síntoma de discrepancias de mayor calado. Xabier Arzalluz expresó su temor a que Aznar utilice la mayoría absoluta en el Congreso como un rodillo; también Xosé Manuel Beiras aludió a los riesgos de una "mayoría totalitaria" del PP. Por el contrario, Duran Lleida puso especial cuidado en subrayar que los firmantes de la Declaración de Barcelona, si bien defienden posiciones comunes sobre asuntos relacionados con la pluralidad nacional del Estado español, no han constituido un frente contra Aznar. Más significativas resultan todavía las actitudes de unos y otros respecto a la próxima sesión de investidura presidencial: mientras los dirigentes del PNV y del BNG se quejan de forma tan amarga como inconvincente por no haber sido llamados a consulta -a diferencia de los nacionalistas catalanes y canarios- para negociar su eventual respaldo al candidato de los populares, CiU sigue calculando los pros y los contras de abstenerse o votar a favor de Aznar en ese pleno.

Las elecciones del 12-M han arrojado un balde de agua helada sobre los propósitos frentistas de algunos firmantes de la Declaración de Barcelona, demasiado acostumbrados a disfrazar sus intereses de partido bajo la sagrada invocación a Cataluña, el País Vasco o Galicia aunque únicamente se hallen respaldados por una minoría de su población. Hay razones más que suficientes para conjeturar que la estrategia concertada de las tres formaciones nacionalistas descansaba sobre un doble supuesto: que las mayorías absolutas pertenecían a un pasado irrepetible y que sólo los nacionalistas estarían en condiciones de completar las combinaciones parlamentarias necesarias para gobernar. De esta forma, el PP y el PSOE, los dos únicos partidos de ámbito estatal con posibilidades reales de ocupar la presidencia del Gobierno (según enseñan los resultados electorales desde 1982 hasta ahora), siempre se verían obligados a contar con el apoyo de uno o de varios grupos nacionalistas para conseguir la investidura de su candidato: en una subasta al alza -de añadidura- caso de no estar demasiado alejados entre sí en número de escaños. La Declaración de Barcelona contiene el inventario común de esas reivindicaciones nacionalistas que los populares o los socialistas deberían satisfacer tarde o temprano para completar su mayoría insuficiente y alcanzar el Gobierno.

Pero el 12-M ha cambiado radicalmente los perfiles de ese futuro imaginario al hacer retroceder la distribución de fuerzas parlamentarias a la desequilibrada situación posterior a la triple victoria en solitario de los socialistas en 1982, 1986 y 1989. De un lado, los votos han desmentido rotundamente la hipótesis según la cual el desigual reparto territorial de los apoyos electorales del PP (especialmente en el País Vasco, Cataluña y Andalucía) le privaría para siempre de la oportunidad de tener mayoría absoluta. De otro lado, el fracasado pacto firmado por el PSOE e IU antes de las elecciones ha introducido una nueva variable -por ahora simplemente teórica- en los cálculos de aritmética parlamentaria para formar Gobiernos de coalición o pactos de legislatura cuando el ganador de las elecciones no obtenga la mayoría absoluta de escaños: esto es, la posibilidad de que la función de bisagra indispensable para completar una eventual mayoría insuficiente de los socialistas pudiera ser desempeñada en un impreciso futuro no por un grupo nacionalista, sino por un partido con implantación electoral en toda España.