Más dudas sobre el 'caso María de Icíar'

La sombra se cierne de nuevo sobre el funcionamiento del polémico colegio de pago María de Icíar (Riba-roja del Túria) concertado el año pasado, sobre el que pesa una orden de embargo de Trabajo por defraudar 168 millones a la Seguridad Social. Un detallado relato de fuentes internas del centro, que prefieren guardar el anonimato, hablan de "amenazas del marido de la titular del centro [Begoña Rey de Arteaga] a un representante del APA, en presencia de los padres. También detallan que "los recibos de las mensualidades no se desglosan a los padres, a quienes se les cobra 18.000 pesetas en concepto de comedor, de los cuales se especifica que 12.500 son para comida y el resto para los ciudadores de los niños". Sin embargo, "los profesores no cobran nada por las horas complementarias". Las presuntas irregularidades se extienden a la contratación de docentes, "sin pasar por la bolsa de profesores interinos". Además, de que "una profesora que creía estar contratada con la fórmula de pago delegado se encontró en diciembre con que no recibía el dinero de la consejería". La titular del centro respondió que no estaba contratada pero en cambio "sí lo está la hija de la titular que no imparte clases".

Las irregularidades se extienden a otros dos profesores de Primaria que no figuran como parte del personal docente concertado. Así, el común denominador según los denunciantes, es que "el personal cobra con talones cruzados pero fuera del plazo normal, de forma que se les da el talón con dos meses de retraso y si no hay fondos, los gastos de devolución los pagan los afectados". Este sistema de contrato incumple totalmente la normativa de conciertos y el compromiso de la Consejería de Educación de delegar el pago de forma nominal a los docentes, para evitar que la titularidad del centro embargado maneje dinero y el profesorado cobre.

"Las puertas del colegio están cerradas" y "los padres no pueden acceder al centro a la hora de recoger a sus hijos", rematan.