Las universidades españolas proponen que una nueva agencia oficial revise todas las carreras El primer gran informe sobre educación superior pide un fuerte aumento de inversión pública
Las principales transformaciones que propone el informe Universidad 2000 (versión íntegra, en www.crue.upm.es) son la revisión y acreditación permanente de todas las carreras (mediante una agencia autónoma), la redefinición de las titulaciones superiores (universitarias y extrauniversitarias), la modificación del concepto de crédito académico (para dar más valor al tipo y calidad de trabajo que al número de horas), la duplicación del número de becas y de su cuantía, la concesión a los alumnos de los últimos cursos de préstamos del Estado sin interés y de devolución diferida, la reducción de los órganos de gobierno para darles más operatividad y la incorporación de dos nuevas figuras de profesores.Además, se propone un reforzamiento del carácter público de la financiación universitaria, con el objetivo de pasar de la actual relación 76%-24% (pública-privada) a una nueva 80%-20%. Este incremento del gasto se articularía mediante un plan de 10 años, que permitiría alcanzar el 1,5% del producto interior bruto (PIB) a partir del actual 1,1%, con lo cual España se situaría en el nivel de gasto medio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el modelo utilizado en el informe, el aumento anual sería creciente durante 10 años, hasta consolidar al cabo de este periodo un incremento de 357.000 millones de pesetas respecto a los 650.000 millones actuales.
El informe ha sido elaborado por Josep Maria Bricall, ex rector de la Universidad de Barcelona y el único español que ha sido presidente de la Conferencia de Rectores Europeos. El encargo fue realizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), integrada por los rectores de las universidades públicas y privadas españolas. El documento fue presentado ayer por su autor y Saturnino de la Plaza, presidente de la CRUE. De la Plaza señaló que se trata de "un documento sin precedentes en España, imprescindible para el debate sobre el futuro de la Universidad española".
El trabajo hace una exhaustiva radiografía de la situación de la Universidad española, dividida en nueve secciones. Una de las más innovadoras propuestas, según señaló ayer Bricall, es clasificar los diferentes estudios en cuatro tipos (A, B, C y D), dos más "académicos" y dos más " profesionales". Está basada en la llamada Declaración de Bolonia de las universidades europeas y es la ordenación que tendrán en el futuro la mayoría de los países de Europa.
El documento pide la creación de una Agencia de Acreditación pública, oficial y autónoma, a la que las universidades deben enviar un informe anual sobre docencia, investigación y administración -elaborado por un nuevo consejo asesor de cada universidad-. La agencia debe dar el visto bueno periódicamente a cada una de las titulaciones de las universidades públicas y privadas.
En el caso de que unos estudios no logren la acreditación, contarán con un plazo para solucionar los problemas detectados y, de no hacerlo, la agencia remitiría un informe a la Administración para la retirada de la homologación de la titulación, e incluso de la financiación.
Dos nuevas figuras de contratados
El informe considera necesario crear dos figuras de profesorado contratado no funcionario: titular docente y titular investigador. La duración de los contratos sería indeterminada. Se podría acceder a un contrato de titular docente después de ser ayudante o ayudante doctor. El puesto de titular investigador sería para doctores.El estudio propone que los contratos de los ayudantes y los ayudantes doctores sean de tres años no prorrogables y que se recupere y depure la figura de profesor asociado, tal y como aparece en la Ley de Reforma Universitaria (LRU): un profesional que da clases a tiempo parcial.
Reducción del tamaño de los claustros
La elección de rector por el claustro de la universidad debe mantenerse, pero se señala la necesidad de reducir el tamaño de los órganos de gobierno de las universidades para dinamizar sus decisiones (hay universidades en las que llega a haber más de 1.500 representantes en el claustro), sin que pierda representatividad ninguno de los colectivos que los forman (profesores, alumnos y personal no docente). Se propone que las universidades creen un nuevo organismo superior integrado por la comunidad universitaria, el claustro y representantes de los consejos sociales (comunidad autónoma y agentes sociales).
Selección de los alumnos por las universidades
El informe pide una mayor participación de las universidades en la selección de los alumnos y, de hecho, sugiere que cada universidad fije los criterios de acceso. Una vez que los estudiantes tengan en la mano su nota de selectividad, pueden pedir plaza en la carrera que deseen en todas las universidades españolas. El informe considera que con criterios propios se facilita a los estudiantes el acceso a sus titulaciones preferidas y se apoya su movilidad con el aumento de las becas que se propone. Se resalta que este sistema sería aún más conveniente con la previsible disminución de la demanda por menor natalidad.
Organización de las titulaciones en cuatro tipos
Las titulaciones deben clasificarse en cuatro tipos homologados nacionalmente: A, B, C y D. Las de tipo A y C serían las más disciplinares o académicas, y las de tipo B y D estarían orientadas al ejercicio profesional. Las A y B pertenecerían a una primera fase de preparación de los estudiantes y las de C y D, a una segunda fase de perfeccionamiento. Las titulaciones A serían las licenciaturas. Las B serían las diplomaturas encaminadas a una profesión (como enfermería o magisterio) y la propia FP de grado superior. Las C serían los master o doctorados que profundizan en disciplinas y las D, los master relacionados con el ejercicio profesional.
10 años para llegar al billón de pesetas
El informe propone un máximo de 10 años para que la financiación destinada a la educación superior pase del actual 1,1% del producto interior bruto al 1,5% (según un modelo basado en cifras de 1998). Para ello, prevé para cada año una inyección suplementaria del 3,2% del presupuesto educativo. De este modo, en 10 años se llegaría al billón de pesetas: 357.000 millones de suplemento añadidos a los actuales 650.000 millones. Se solicita además que se aumente la financiación pública (del 76% al 80%) y se disminuya la privada (del 24% actual al 20%), en su mayor parte tasas de matrícula.
El Parlamento estudiará las propuestas
La Conferencia de Rectores encargó el informe Universidad 2000 el 18 de diciembre de 1998 a Josep Maria Bricall, de 62 años, ex presidente de la Conferencia de Rectores Europeos. Desde entonces, Bricall, experto universitario internacionalmente reconocido, ha mantenido encuentros con numerosos representantes políticos y sociales.El informe ha supuesto un gasto de 75 millones. Cuando se encargó, se constituyó a la vez un patronato formado por 17 representantes de la vida pública española, con el fin de dar un aval social a la iniciativa. El patronato está formado por Federico Mayor Zaragoza, Ricardo Díez Hochleitner, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez, José María Cuevas, Juan Villalonga, Francisco Luzón, Manuel Pizarro, José Ángel Sánchez Asiaín, Domingo Fernández Veiguela, Josep Lluís Bonet Ferrer, Antonio Masa Godoy, Fernando Ibarra y López-Dóriga, Carlos Galdón Cabrera, Juan Manuel Suárez del Toro y, por parte de la Conferencia de Rectores, su presidente, Saturnino de la Plaza, y su secretario general, Félix García Lausín.
Tras el visto bueno de ayer al informe, éste será sometido a debate de los rectores, la comunidad universitaria y la opinión pública. Una vez incorporadas las modificaciones, se enviará al Parlamento para que el Gobierno y los partidos se planteen su conversión en medidas políticas concretas.
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