"Es un secreto a voces que ser de Unió ayuda a conseguir subvenciones de Trabajo"

El diputado del PSC Josep Maria Rañé ha obtenido del Departamento de Trabajo las listas de las subvenciones para la formación de parados concedidas en los últimos seis años. El balance que hace el diputado permite afirmar que 48 centros de personas relacionadas directa o indirectamente con Unió Democràtica (UDC) han recibido 13.837 millones de pesetas en subvenciones entre 1994 y 1999, un 11% del total.Pregunta. ¿Hubo favoritismo para los centros de formación de parados que recibían subvenciones de Trabajo y cuyos propietario eran dirigentes de Unió?

Respuesta. Lo que constatan los propios datos de Trabajo es que los centros de personas relacionadas con Unió, sus fundaciones, las empresas de militantes del partido y las de familiares de cargos públicos de UDC tienen un peso en las ayudas que no corresponde al de ese partido en la sociedad. Han tenido un trato extrañamente sustantivo. Un 4% de los centros relacionados con UDC reciben un 11% de los recursos. Eso no encaja en un mapa sociológico. Puede ser un signo de favoritismo en el reparto. ¿No es extraño que haya 48 centros receptores relacionados con Unió y que reciban 13.800 millones?

P. Sin embargo, a pesar de los indicios de financiación por parte del empresario andorrano Fidel Pallerols, la reacción política se limita a la petición de una comisión investigadora en el Parlament.

R. Sí, por mucho menos que esto dimitió el ministro Manuel Pimentel. Mire, el año pasado se conoció que la esposa del anterior director general de cooperativas, Bernat López Pinto, tenía una academia que recibía subvenciones. Exactamente lo mismo que el caso de Juan Andrés Aycart, que motivó la dimisión del director general y del ministro. Aquí no ha pasado nada.

P. ¿Usted cree que la gestión de estos fondos para la formación de trabajadores en paro se realiza con la transparencia exigible a la función pública?

R. En este momento no es público el número de empresas ni el de cursos que se están subvencionando. Esa información no es pública, no hay registros ni censos al alcance del público. Los diputados recibimos los datos un año más tarde. El oscurantismo perjudica sobre todo a los centros que realizan sus funciones correctamente y con voluntad de colaborar en la formación de parados. La responsabilidad de que estos centros se vean inmersos en esta mala imagen es de los gobiernos, que deberían dedicarse a depurar el sistema y ser rigurosos y transparentes.

P. La documentación incautada en los centros de Fidel Pallerols (CEIF, AND y TEO) permite establecer una intensa relación entre éste empresario y varios directivos de Unió. Además, Pallerols recibió 250 millones en 1999, a pesar de que las supuestas irregularidades ya estaban en el juzgado.

R. El grupo de Fidel Pallerols recibió 250 millones de subvención después de descubrirse las irregularidades. ¡Es un escándalo! Tenía los centros de Tarragona, Lleida y Girona cerrados, y seguía obteniendo el 100% de todo lo que pedía a Trabajo. El Gobierno tendrá que tomar medidas para corregir algo que es un secreto a voces en el sector: que ser de Unió ayuda a conseguir subvenciones de Trabajo para la formación de parados.

P. Un militante de Unió fue filmado por Pallerols mientras se metía en el bolsillo 500.000 pesetas. Ese mismo militante, Santiago Vallvé, es titular de una empresa que realizaba informes para el Consorcio de Promoción Turística de la Generalitat, en manos de UDC. ¿Cómo interpreta esto?

R. La coincidencia de que la misma persona recibiera dinero público de dos departamentos de Unió obliga a que UDC se explique y diga si eso forma parte de sus sistemas de financiación. La misma persona obtenía dinero en situaciones sometidas, ambas, a procesos judiciales en marcha.

P. ¿Cree que los fondos para formar parados, por su alcance social, deberían ser objeto de especial vigilancia?

R. El dinero para formar a los parados es sagrado. Formalmente, todas las malversaciones de fondos públicos son iguales. Pero si establecemos criterios morales, sería altamente rechazable el mal uso de subvenciones para formar a los parados. La importancia política que tiene este asunto es que, después de haber gastado 125.000 millones en seis años, en Cataluña nos encontramos con la terrible paradoja de que los empresarios no pueden contratar porque no tienen gente formada. Tenemos unas 177.000 personas, según las oficinas de trabajo de la Generalitat, buscando empleo, y el 80% de ellas no tienen formación para cubrir las plazas que ofrecen los empresarios. Eso también es mala gestión por parte del Gobierno responsable de distribuirlos.

P. Usted ha criticado a menudo el sentido global de la formación de los parados, ¿en qué se basa?

R. La programación de la formación ocupacional destina el 66% de los recursos a administracion, técnicas de venta e informática. En informática, una parte esencial es enseñar a usar programas como Excel, Word y, sobre todo, Windows 98. Eso sirve para mejorar el rendimiento laboral, pero las empresas pueden asumir ese tipo de formación sin problemas. Estos cursos no se adecuan a la gente del paro, que en el 80% de los casos sólo tiene estudios primarios, según el Inem. Nuestra formación ocupacional no se ajusta a las necesidades de las empresas ni de los parados.

P. Si uno mira el contenido, buena parte de las subvenciones recibidas por Pallerols eran para enseñar programas estándar, como el Windows.

R. Los programas informáticos estándar ocupan la mayor parte de la formación que se da a los parados. Requiere inversiones fácilmente amortizables y por ende produce resultados y beneficios importantes a corto plazo. Por el contrario, las inversiones en las especialidades que demandan las empresas requieren inversiones más elevadas y difíciles de amortizar, y sólo las afrontan los que de verdad están comprometidos con la formación ocupacional y asumen riesgo empresarial.

P. ¿Qué opinión le merece que para incorporar un currículo al Servicio Catalán de Colocación se deba pagar aparte?

R. Aquí hay que pagar para estar inscrito en el servicio público de empleo. Eso, cuando tenemos 1.000 funcionarios y 70 oficinas, además de los centros colaboradores, no parece lógico. Actualmente estamos pagando, con cargo a los fondos públicos, 4.000 pesetas por parado que se apunta al servicio público de empleo y 3.000 por oferta de trabajo. Después de la transferencia del Inem a la Generalitat, mantener este sistema todavía tiene menos justificación.