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La Universidad de Cantabria paga a estudiantes por controlar a los profesores

Esta vez son los alumnos quienes controlan la asistencia a clase de los profesores y no al revés. Pero la novedad no es que los alumnos califiquen la labor de los docentes, una práctica corriente (mediante encuestas generalmente) para medir la calidad de la enseñanza, sino que lo hagan de incógnito y cobren por ello.El procedimiento es el siguiente: el Vicerrectorado de Profesorado -creado hace tres años para llevar a cabo un plan de calidad en la universidad- contacta con las asociaciones de delegados de alumnos de cada facultad y les pide que hagan un seguimiento de todas las asignaturas de sus carreras (ésto afecta al total de las 1.560 asignaturas que se imparten), consistente en comprobar si las materias cumplen o no el plan docente redactado por los 31 departamentos.

A cambio de esta información y para que se tomen en serio la recogida de datos, el vicerrectorado ofrece a los delegados una beca que oscila entre 25.000 y 75.000 pesetas. El reparto de la ayuda y del trabajo lo decide cada delegación. Los alumnos encargados del control docente (unos 30 en conjunto, cobran 25.000 pesetas cada uno) rellenan un impreso en el que se especifica quién imparte la clase, qué tipo de clase es (teórica, práctica o de laboratorio) y cuántas horas dura.

Al final del curso, los datos se comparan con el plan docente previsto para esa asignatura y se elabora un parte de incidencias que se remite a los directores de cada departamento. En el curso pasado se registraron 194 incidencias, de las cuales 140 fueron admitidas por los departamentos, 31 rechazadas y 23 no contestadas.

Los profesores conocen los partes de incidencias, pero en general no saben que son los alumnos quienes los redactan, y en ningún caso conocen la identidad de sus autores. Varios catedráticos consultados ayer por EL PAÍS aseguraron desconocer esta medida y mostraron su sorpresa e indignación, no porque se les controle, sino "por el método empleado".

El rector, Jaime Vinuesa, quien teme que "un hecho puntual eche por tierra todo un procedimiento de evaluación de calidad que ha dado unos resultados magníficos", no cree que los profesores desconozcan que se hacen este tipo de estudios, y dice que en cualquier caso "deberían saberlo".

Entre quienes aseguran desconocer los informes está también el presidente del Consejo de Estudiantes, Alejandro Fernández, máximo representante del alumnado. Fernández niega que existan alumnos que inspeccionen a los profesores en secreto: "Es un rumor que surgió hace dos años y provocó cierto revuelo", y además cree que "sería muy complicado llevarlo a la práctica".

El vicerrector de profesorado, Federico Gutiérrez Solana, asegura que no se puede hablar de "persecución", ni de "secretismo", y atribuye el desconocimiento de algunos profesores a "falta de fluidez de información con sus departamentos". Gutiérrez Solana dice que los informes son una herramienta objetiva para que los profesores conozcan su grado de cumplimiento de los planes docentes y puedan mejorar, pero "sin establecer medidas correctoras específicas".

El Vicerrectorado de Profesorado fue creado por la universidad hace tres años para organizar un plan de calidad que engloba tres mecanismos de evaluación, dos de ellos impulsados por la propia universidad (un estudio de la plantilla docente y otro de los servicios administrativos) y una evaluación institucional. El plan incluye autoevaluaciones de los profesores y de los departamentos, y también una encuesta sobre la actividad del profesorado a la que han respondido anónimamente 7.000 de los 13.500 alumnos de la universidad.

La delegación de alumnos de Derecho es la única que se ha negado este curso ha colaborar con el vicerrectorado. Uno de sus representantes explica por qué se negaron: "Nos parece mal, no es nuestra función controlar quién da las clases, ni si las da un titular o un asociado". Este estudiante dice que "cuando hay una incidencia grave ya están los delegados de clase para comunicarlo".

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