La Fiscalía pide al juez que archive las diligencias del 'caso Aravaca'

La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez el sobreseimiento del caso Aravaca (la recalificacion de 700.000 metros cuadrados de suelo para pagar la expropiación de los terrenos necesarios para construir la M-40 en su tramo norte). El ministerio público entiende que debe sobreseerse el caso porque no hay pruebas suficientes como para afirmar que existió prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en esa recalificación.

La investigación judicial es fruto de una denuncia presentada por los vecinos de Valdemarín Oeste contra nueve personas que supuestamente habían comprado terrenos poco meses antes de la recalificación emprendida por el Ayuntamiento de Madrid. Según los denunciantes, los compradores dispusieron de información previlegiada en la operación y quienes la autorizaron, prevaricaron. Entre los denunciados estaban el marido de la ministra de Medio Ambiente, José Manuel Bartolomé, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el ex consejero socialista del área de Urbanismo, José María Rodríguez Colorado, además de ingenieros de caminos del extinto Ministerio de Obras Públicas.El fiscal afirma que no hay prevaricación porque la recalificación fue adoptada por "una pluralidad de personas, técnicos municipales y responsables políticos [de administraciones gobernadas por el PP y el PSOE]". Circunstancia, opina el fiscal que hace "desvanecer la idea de la arbitrariedad o injusticia del acuerdo". El fiscal niega que exista tal delito en una operación "en la que han intervenido sucesivamente 14 personas" en un "proceso reglado que ha durado más de dos años".

Peritos judiciales

El Ayuntamiento de Madrid pagó los terrenos para hacer la M-40 con recalificaciones de suelo en parajes adyacentes y aumentos de edificabilidad.

Durante las pesquisas, el juez encargó un informe a dos arquitectos para que estudiasen la zona y dictaminasen si, en su opinión, existían indicios de que estas personas habían dispuesto de información previlegiada. Los peritos concluyeron que el aumento de edificabilidad fue "arbitrario e injustificado" y que el Ayuntamiento, para recalificar ese terreno, debió revisar el Plan General y no utilizar la vía de la modificación puntual.

Al respecto el fiscal señala: "Se ha acreditado que entre 1991 y 1995, [el Ayuntamiento de Madrid] firmó 277 modificaciones puntuales del plan por convenio", al igual que este caso. El ministerio público aclara que ya en 1985, seis años antes de estas supuestas irregularidades, la Administración decidió, en el marco de sus atribuciones, ofrecer suelo público para nuevas viviendas y, paralelamente, incrementar la densidad de población en Valdemarín, que entonces era de cuatro habitantes por metro cuadrado cuando en cualquier otro barrio era de 400 habitantes por metro cuadrado.

El fiscal Carlos Saiz sostiene que el sistema de la compensación, en lugar de la expropiación, empleado por el Ayuntamiento está "justificado "por la necesidad de acelerar el proceso para obtener" los terrenos y por el coste de la operación: la expropiación habría costado al municipio "80.000 millones".

El fiscal explica: "La decisión adoptada no puede conceptuarse como arbitraria, sin perjuicio de que como en toda decisión adoptada en el ámbito de la discrecionalidad política de la Administración en materia tan compleja como el desarrollo urbanístico, sea cuestionable o criticable". Y matiza: "En este procedimiento [el judicial] no nos corresponde analizar la rentabilidad o conveniencia de la decisión, sino si ésta es arbitraria e injusta y, por tanto, merecedora de reproche penal".