Agua para todos: un derecho humano y social básico

Más de 1.400 millones de seres humanos (alrededor de la cuarta parte de la población mundial) no tienen hoy acceso al agua potable, fuente de vida insustituible (junto con el aire). Es un hecho intolerable desde cualquier punto de vista. Sin embargo, si la Declaración Ministerial que será aprobada hoy en La Haya, en la clausura del II Foro Mundial del Agua (en el que participaron más de 2.000 personas) fuera aceptada de acuerdo con el proyecto conocido, los ministros de un centenar de Estados del mundo habrán decidido considerar el acceso al agua únicamente como un derecho humano básico y no como un derecho humano y social, individual y colectivo, básico. Sería una decisión perjudicial para el futuro.El no reconocer el acceso al agua como un derecho humano y social básico no se deberá a un contratiempo. Es cierto que no se puede descartar que una parte de los ministros competentes en materia de agua estén sólo vagamente informados sobre lo que se ha preparado en La Haya.

En realidad, se trata de una decisión tomada tras un largo trabajo de análisis y debates durante cuatro años que, desde 1996, realiza el Consejo Mundial del Agua y Global Water Partnership, bajo la coordinación, desde finales de 1998, de la Comisión Mundial sobre el Agua en el Siglo XXI y con el apoyo del Banco Mundial, principalmente.

Los voluminosos informes presentados y debatidos en el Foro de La Haya, y en los cuales se basa el proyecto de Declaración Ministerial, son el resultado de un esfuerzo considerable de un nivel cualitativo muy alto a cargo de cientos de personas, en el que también han participado las organizaciones de la ONU que trabajan en el ámbito del agua, como el PNUD, el PNUE, la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación), la OMS (Organización Mundial de la Salud), Unesco, Unicef, la OMM (Organización Meteorológica Mundial), etcétera, sobre las que, dicho sea de paso, conviene subrayar el alcance y el valor de las acciones que han realizado hasta la fecha en favor del acceso al agua para las poblaciones más desfavorecidas y en la lucha contra la contaminación y el derroche.

No obstante, la tendencia general que ha surgido a lo largo de estos trabajos se inscribe en el espíritu de la época, orientado en la actualidad hacia el triunvirato economía, mercado y tecnología. Así, según el proyecto de Declaración Ministerial, el agua debe ser tratada fundamentalmente como un recurso natural en estado de creciente disminución (debido a fenómenos cada vez más frecuentes de polución, contaminación y derroche) y, por lo tanto, cada vez más caro.

El agua, afirman, debe ser gestionada ante todo como un bien económico. Con este fin, la Declaración Ministerial propone el concepto de IWRM (Integrated Water Resource Management, Gestión Integrada de los Recursos Acuáticos) como modelo a seguir en todo el mundo para una gestión "eficaz" del agua. La Declaración Ministerial también propone dar al agua un precio económico establecido según el coste total de recuperación (full cost recovery) en el marco de la libre competencia y del libre comercio a escala internacional. Hay que señalar que si en el pasado los países europeos hubiesen aplicado el principio de coste total de recuperación, todavía estarían indagando cómo garantizar el acceso al agua potable para todos.

Considerar el acceso al agua como un derecho humano y social conlleva la aplicación de reglas, deberes y obligaciones que muchos Estados y la mayoría de las empresas privadas multinacionales no desean que sean impuestos. Pero, ¿existe verdadera libertad y justicia sin reglas, obligaciones y solidaridad respecto al derecho a la vida para todos?

El Foro de La Haya corre el riesgo de traducirse en una derrota del movimiento de derechos humanos y en una victoria de quienes tienen una visión de la sociedad, de la democracia y de la libertad que, más allá de una fuerte carga retórica humanista, sigue guiada, en la era del capitalismo triunfante, por un planteamiento tecnoeconómico y mercantil.

Por otro lado, los señores de las finanzas no han esperado a La Haya para actuar. El más antiguo banco privado suizo, Pictet, lanzó en enero de 2000 los primeros fondos de inversión del mundo centrados en 80 valores bursátiles de empresas especializadas en el agua. Según sus cálculos, la rentabilidad de las inversiones en el campo del agua es y será en los 15 próximos años singularmente elevada.

Ha llegado la hora de movilizarse contra toda amputación del derecho de los seres humanos a la vida.

Una de las grandes batallas políticas y sociales de finales del siglo XIX fue el derecho universal al voto. La de comienzos de este siglo XXI será el derecho a la vida para todos los habitantes de la Tierra, sin excepción, cuando, en 2025, la población mundial alcance, según las actuales previsiones demográficas de la ONU, alrededor de los 8.000 millones de seres humanos. El acceso al agua para todos es un derecho posible. Ninguna razón -tecnológica, económica, financiera o política- puede ser invocada para impedir que se materialice este derecho.

Danielle Mitterrand es presidenta de la asociación France-Liberté; Mario Soares es presidente del Comité Internacional para el Convenio Mundial del Agua, y Riccardo Petrella es el secretario general de dicho organismo.