La Audiencia de Málaga juzga a Jesús Gil y a otros 11 acusados por el 'caso Atlético'. El fiscal sostiene que los contratos con el Atlético fueron fingidos

El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia de Málaga para ser juzgado por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias, 17 meses después de que se iniciara la instrucción del caso Atlético. Se le acusa del presunto desvío de 450 millones de pesetas de las arcas municipales al Atlético de Madrid y otros acuerdos irregulares de patrocinio con diferentes clubes deportivos, como el Sevilla, el Betis y el Joventut de Badalona. El fiscal pide para Gil 34 años de cárcel, 121 años de inhabilitación y 2.000 millones de pesetas de multa.La acusación popular, que ha ejercido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, solicita 17 años de cárcel y 30 de inhabilitación para ejercer cargo público. La defensa pedirá hoy y mañana, entre las cuestiones previas, la nulidad de la instrucción, por considerar que "se vulneraron las normas de reparto" y se violaron los derechos fundamentales de los acusados. Junto al alcalde de Marbella hay otros once acusados, entre ellos su hijo Miguel Ángel Gil Marín, ex director general del Atlético de Madrid; el ex vicepresidente del club, Enrique Cerezo; el antiguo abogado de Gil José Luis Sierra, y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román.

Este caso arrancó el 7 de mayo de 1996, con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Isabel García Marcos. El 13 de octubre de 1988 la Fiscalía presentó en el juzgado de guardia una querella contra Jesús Gil y cinco de los imputados. El juez de instrucción, Santiago Torres, envió el 2 de julio de 1999, una pieza separada de 18.000 folios a la Audiencia de Málaga para que celebrara el juicio que hoy comienza.

El fiscal sostiene que los acusados inventaron dos contratos de patrocinio "después del 30 de junio de 1993", para que el Atlético de Madrid cobrara 450 millones de pesetas, por haber exhibido en sus camisetas el logotipo de Marbella en las temporadas 1991-92 y 1992-93. En opinión de la acusación estos compromisos publicitarios eran gratuitos y no fueron autorizados por el Ayuntamiento de Marbella. Esta operación, según el fiscal, se realizó porque al cierre del ejercicio contable, en junio de 1993, las cuentas del Atlético arrojaban un saldo negativo. "Los acusados urdieron una estratagema que permitiera al club conseguir una solvencia ficticia y evitar su descenso de categoría y su disolución como sociedad anónima", dice el escrito de acusación.

La defensa aduce que los contratos son auténticos y se firmaron el 14 de julio de 1991 y el 24 de julio de 1992, aunque un informe pericial encargado por el juez a la Guardia Civil no pudo despejar las dudas al respecto. El 29 de diciembre de 1995 el alcalde accidental, Pedro Román, ordenó el pago de los 450 millones, a pesar de que el interventor municipal advirtió de que en los archivos municipales no había constancia de los contratos, ni dotación presupuestaria para abonarlos.

La defensa intentará demostrar que hubo "una confabulación" contra Gil, al elegir el fiscal el 13 de octubre de 1998 para presentar la querella porque estaba de guardia el Juzgado número 7, cuyo titular es Santiago Torres. El fiscal asegura tener pruebas de que la querella estuvo lista el 24 de septiembre, pero el fiscal general del Estado no dio su conformidad hasta el 8 de octubre. La necesidad de preparar los equipos de policía que debían realizar tres registros simultáneos demoró la actuación.