La Fiscalía se querella contra siete inspectores de Hacienda y los responsables de Núñez y Navarro
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y asociación ilícita, entre otros, contra siete inspectores y exaltos cargos de Hacienda en Cataluña, un asesor fiscal, un agente de Bolsa y varios testaferros, el abogado Juan José Folchi y los exdirectivos de Torras, y los responsables de los grupos Núñez y Navarro e Ibusa (propiedad de Eduard Bueno, excandidato de AP, hoy PP, a la Generalitat), entre otros. A solicitud de la Fiscalía, la juez titular del Juzgado 33 de Barcelona ordenó ayer el registro de domicilios, despachos y cajas de seguridad de varios de los querellados.
La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona se dirige, entre otras personas, contra el exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre los años 1984 y 1994, José María Huguet, y su esposa Rosa Guasch. También aparece implicado Ernesto de Aguiar, delegado especial de Hacienda en Cataluña entre 1984 y 1988 y exdirector general de Hacienda entre 1988 y 1990. El caso Huguet-Aguiar provocó la dimisión de José Borrell -secretario de Estado de Hacienda en aquellas fechas- como candidato de los socialistas a la presidencia del Gobierno tras haber ganado las primarias a Joaquín Almunia.La querella, según las fuentes mencionadas, incluye al abogado y exasesor de Javier de la Rosa y del Grupo Torras, Juan José Folchi, responsable de varios pagos a las cuentas suizas de los dos anteriores exaltos cargos, así como a otra cuenta también en Suiza del inspector Juan José Lucas Carrasco, destacado militante del PP catalán. Una empresa de Lucas, LML, acabó realizando negocios con empresas del grupo constructor Núñez y Navarro-Seteinsa, presidido por el empresario y presidente del F.C.Barcelona, Josep Lluís Núñez, por importe superior a los 100 millones de pesetas. También le compró numerosos pisos y locales comerciales.
Otros inspectores querellados son Roger Bergua, inspector jefe adjunto de Huguet y anteriormente jefe de la Unidad Regional de Inspección (URI) del sector inmobiliario. Álvaro Pernas, denunciado por la propia Agencia Tributaria por tres intentos de extorsión y que fue jefe de la Unidad Regional de Inspección (URI) de los sectores de construcción y promoción inmobiliaria. Este inspector está acusado de utilizar una red de testaferros, que también están imputados, para ocultar sus propiedades. También se incorpora el jefe de la URI Manuel Abella Zarraluqui, inspector responsable de los mismos sectores que Pernas, pero con dedicación preferente al grupo inmobiliario Núñez y Navarro-Seteinsa. En relación con este último grupo constructor, la Fiscalía, apoyada en un informe de Hacienda, solicita la imputación de sus ejecutivos y responsables, según han asegurado fuentes próximas a la Agencia Tributaria.
Precisamente Manuel Abella, a quien se ha investigado su patrimonio inmobilario, acabó comprando a una empresa del grupo Núñez y Navarro un piso duplex en Barcelona por la mitad de su valor de tasación justo cuando estaba cerrando la inspección de la firma.
Pérdidas sin comprobar
Abella también fue responsable de la inspección a varias empresas dependientes de Torras o de Javier de la Rosa, a las que reconoció miles de millones de pesetas de pérdidas sin apenas realizar comprobaciones. La investigación ha puesto de manifiesto testimonios de funcionarios de que Huguet apartó a determinados funcionarios de la inspección de algunas empresas para entregárselas a otros inspectores, como por ejemplo Abella.
La acción de la fiscalía también incluye al ex jefe de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) en Cataluña, José Ramón Morató, quien formó parte del grupo de inversiones de Huguet, Aguiar y Pernas, y a quien se imputa haber obstaculizado la inspección a una sociedad propiedad de los agentes encargados de esas inversiones, entre ellos Enrique Viola Tarragona, también imputado. Morató dimitió de su cargo cuando estalló la crisis en Hacienda de Cataluña, en abril del pasado año.
Abella también fue el encargado de inspeccionar, junto con Roger Bergua, al grupo inmobiliario Ibusa, propiedad de Eduard Bueno Ferrer, candidato de AP a la presidencia de la Generalitat en 1984 y al que se le reconocieron pérdidas multimillonarias. Por este motivo también se imputaría a los responsables de este grupo empresarial.
En varios de los casos investigados, el asesor fiscal de las empresas que obtuvieron presunto trato de favor de Huguet y su equipo fue Ricardo Valera, motivo por el cual también estaría en la lista de querellados.
La acusación de asociación ilícita para defraudar a Hacienda argumentada por la fiscalía incluye asimismo el incumplimiento de determinados deberes de los funcionarios, como los de investigar posibles delitos fiscales o los de custodiar documentos públicos.
En busca de pruebas y del rastro del dinero
Un numeroso grupo de fiscales, policías y agentes judiciales registró ayer cuatro domicilios y despachos e intervino tres cajas de seguridad de varios de los implicados en la supuesta trama de corrupción en la Delegación de Hacienda de Cataluña. La ejecución de la orden del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que atendía una petición de la Fiscalía Anticorrupción, comenzó en la sede de una importante firma de inversión financiera situada en el número 427 de la Avenida Diagonal de Barcelona.En esta dirección los investigadores buscaban las contabilidades de varias sociedades (Escanaba, Shipment, Investcarson, IM Administración, entre otras) que utilizaron algunos de los querellados, entre ellos los ex altos cargos José María Huguet y Ernesto de Aguiar, y el coordinador de sus inversiones, el también querellado Álvaro Pernas. Precisamente, uno de los registros se produjo en su domicilio.
Huguet y Aguiar declararon en su momento que sus cuantiosas cuentas en Suiza, con más de 500 millones de pesetas, se alimentaron con los beneficios de sus inversiones en bolsa. Según su versión de los hechos, posteriormente, en 1993 repatriaron ese dinero en efectivo a España y lo gastaron en bienes de consumo. Sin embargo, la investigación intenta poner de manifiesto otros activos de esas personas y el origen de todos sus ingresos.
En los registros se incluyó el despacho en la Avenida de Roma, número 12, del experto fiscal Ricardo Valera, asesor, entre otros, de los grupos inmobiliarios Ibusa, Metro 3 y de la empresa Edificio Paseo de Gracia 73, todos sospechosos de haber recibido trato de favor desde la Inspección de Hacienda en Cataluña.
Finalmente, el domicilio del inspector jefe de unidad regional, José Lucas Carrasco, conocido militante del PP catalán y titular, junto con su esposa, de una multimillonaria cuenta en Suiza, recibió asimismo la visita de los agentes de la ley. En el caso de Lucas, las pesquisas se ampliaron a tres entidades financieras en las que este último inspector mantenía otras tantas cajas de seguridad.
Las diferentes fuentes consultadas ayer aseguraron que los agentes judiciales -que utilizaron también medios informáticos para copiar los archivos de contabilidad de varias de las sociedades de inversión investigadas- recopilaron tres cajas de documentación al final de la jornada.
Según las fuentes consultadas, la magistrada decretó también ayer el secreto de las actuaciones judiciales. En cualquier caso, durante los próximos días la instrucción se centrará en el análisis de la documentación incautada.
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