La fiscalía critica la escasa eficacia en la reeducación de menores

El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Eduardo Vicente, expresó ayer su malestar por la "escasa eficacia reformadora de las instituciones en relación al menor". Vicente constató que muchos jóvenes de entre 16 y 20 años "se hacen tristemente familiares a magistrados y fiscales". Vicente, quien ayer presentó la memoria anual de la fiscalía castellonense referida a 1999, señaló que la jurisdicción de menores no obtiene los resultados educativos esperados.

En relación a la delincuencia juvenil, la memoria indica que durante 1999 fueron juzgados 304 jóvenes de edades entre los 16 y los 20 años. Eduardo Vicente insistió en "la escasa eficacia educativa de la jurisdicción de menores si se tiene en cuenta que la mayoría de menores de 16 años que han sido sometidos a expedientes de reforma comienzan a ser imputados por delitos tan pronto alcanzan esa edad". La delincuencia juvenil aumentó el pasado año en Castellón un 17%. Respecto a la delincuencia en general, el informe del fiscal dijo que del análisis de diligencias de los juzgados de la provincia de Castellón se desprende que el número de delitos ha aumentado en un 7,3%. Por primera vez, ese aumento se sitúa por debajo de los incrementos que arrojan de 1999 los datos del Cuerpo Superior de Policía y de la Guardia Civil. Los delitos contra la vida y la integridad de las personas han descendido, así como los relacionados con el tráfico de estupefacientes, mientras que se ha registrado un aumento de los delitos contra la propiedad y los protagonizados por los extranjeros.

Otra queja del fiscal fue el "atasco" que sufre la jurisdicción civil. Los 2.115 asuntos pendientes son, a juicio de Vicente, "una cifra realmente inadmisible", que anima simultáneamente a la presentación de recursos, lo que atrasa mucho más -entre uno y dos años- la resolución definitiva de dichos expedientes. Las críticas de la Fiscalía alcanzan en esa memoria la rapidez con que se otorga por parte del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valencia el tercer grado a algunos penados por tráfico de estupefacientes y que permanecen internados en la prisión de Castellón.

Capítulo aparte merece la reflexión que la Fiscalía hizo de los delitos cometidos por personas de otras nacionalidades. Para Eduardo Vicente, algunos delitos están ocasionados por razones de "supervivencia". "Algunos extranjeros huyendo de las miserables condiciones de sus países de origen vienen a trabajar y al no encontrarlo", razonó el fiscal jefe, "se ven obligados a delinquir para no morirse de hambre". La fiscalía castellonense también muestra en su informe su preocupación por el aumento de mujeres que llegan de los países del Este para practicar la prostitución, algunas de ellas contra su voluntad y víctimas de las "coacciones y explotación" de bandas mafiosas.

La memoria resalta algunas deficiencias materiales, como las de las dependencias de la Fiscalía en el nuevo edificio de Vinaròs, y las "deplorables" condiciones de trabajo en el Palacio de Justicia de Castellón. Por contra, Vicente mostró su satisfacción por la creación del Instituto de Medicina Legal.