España, único país de la UE donde los salarios perdieron poder de compra

Los trabajadores españoles son los únicos de la Unión Europea que han perdido poder adquisitivo en 1999, según revela el informe de la Comisión Europea hecho público ayer sobre la puesta en marcha de las orientaciones económicas para 1999. Así, los salarios reales (sueldos menos inflación) de los trabajadores españoles se redujeron tres décimas, según las estimaciones de la Comisión, mientras que la media de la zona euro fue de una ganancia del 0,9% y de un 1,3% en el conjunto de la UE.

En su informe, la Comisión advierte a los Estados miembros de los escasos avances realizados en la Unión Europea (UE) para la modernización del mercado de trabajo, y pone en evidencia los "serios" problemas estructurales existentes en el mercado laboral español como una de las causas del dempleo y la alta tasa de temporalidad.

En cuanto al conjunto de países, la Comisión señala que la mayoría alcanzó el año pasado los objetivos presupuestarios y espera nuevas mejoras. Las reformas económicas sobre el mercado de los productos son visibles, añade, especialmente en la aplicación de la legislación sobre el mercado único y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y de la electricidad, y están permitiendo su mayor integración y competitividad. Pero la dispersión de los precios es elevada y los precios han bajado poco.

Dudas sobre competencia

Se han realizado progresos también en la reducción de las ayudas públicas, aunque son insuficientes. Bruselas las considera elevadas en determinados sectores en España, como el ferrocarril, el naval y el carbón. En el mercado de trabajo se realizaron progresos notables en el ámbito de las reformas fiscales, de las ayudas para el trabajo a tiempo parcial y en medidas preventivas para combatir el paro entre los jóvenes y el de larga duración. En la mayoría de los países se han reducido los impuestos sobre los ingresos y las cotizaciones sociales para disminuir la presión fiscal directa sobre el trabajo.

Pero son escasos los avances conseguidos a nivel comunitario para la aplicación y reforzamiento de las reglas sobre mercados públicos, así como en los procesos de liberalización en el sector del ferrocarril, del agua, del gas y de los servicios postales. En el sector de la distribución, en países como España se limita la competencia con restricciones específicas, al tiempo que se pone en duda la independencia de las autoridades de la competencia.