La Justicia, convidada (de piedra) en las elecciones

Corren tiempos de propuestas, de promesas, de declaraciones bien intencionadas. Estamos en la recta final de la campaña electoral y los candidatos explican hasta la saciedad su programa. Para un político estos días son su momento. Ahora tienen la oportunidad de convencernos de que su programa, su propuesta, su idea, es la mejor, o al menos tan buena como las demás. Es lógico pensar que cada candidato, cada partido político tenga sanas intenciones de gobernar.Estos días los candidatos prometen, aseguran, afirman, quieren regular, potenciar, reclamar, organizar, reformar, desean afrontar, estructurar, establecer, impulsar... todo. Se habla de impuestos, de pensiones, de trabajo, de sanidad, de enseñanza, de carreteras, de agricultura, de industria, de comercio, incluso de realidad virtual, de internet, y si la ocasión lo merece y el auditorio es propicio, son capaces de hablar hasta de lo que no entienden. Y a veces se nota.

En la Fundación por la Justicia no tenemos ambiciones políticas ni nos mueve deseo alguno de criticar por criticar, ni queremos ser la voz de la conciencia de nadie. No queremos ni podemos suplantar la voluntad y acción política, pero tampoco renunciamos a dar nuestra opinión sobre algo, tan simple pero difícil, como es la Justicia.

Los partidos políticos no han dejado de incluir en sus programas un capítulo dedicado a la Justicia y casi todos coinciden en las mismas propuestas. Leyendo estos programas se llega a sentir una cierta serenidad al comprobar que todos los partidos han detectado los mismos aspectos que merecen atención y problemas que reclaman solución. Unos quieren suprimir el Ministerio de Justicia y que sus funciones las asuma el Consejo General del Poder Judicial; hay quienes quieren crear juzgados de barrio; otros proponen un pacto de Estado por la Justicia. Aparentemente podemos estar tranquilos: quien resulte elegido para gobernar arreglará los problemas. A su manera, pero lo hará.

¿De verdad podemos estar tranquilos? ¿Seguro que no se trata de proposiciones grandilocuentes alejadas de la realidad? ¿Es posible que hoy existan soluciones a los mismos problemas que existían hace cuatro y ocho años? Pensemos que sí.

Sin dudar de la intención, de la buena y sana intención de los partidos políticos, parece que todo seguirá igual, que la lentitud de la Justicia, problema hábilmente detectado por todos los partidos políticos, no se solucionará únicamente con una nueva ley procesal, o con una nueva distribución de juzgados, ni siquiera con más juzgados, jueces y funcionarios. No sólo es problema de cantidad. Para conocer la intención de cada partido político en materia de Justicia hay que leer los programas de cada uno, ya que ni en las intervenciones en los medios de comunicación, ni en los actos públicos hacen referencia a estas cuestiones, quizás por la sencilla razón de que no les interesa o por la más sencilla todavía de que estas cuestiones no venden votos. Y leyendo estos programas políticos parece que la única intención de todos los partidos es el modo de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto del Tribunal Supremo, y poco más.

Mientas la Justicia no demuestre al ciudadano que tiene soluciones a sus problemas, que tiene posibilidad de dar soluciones a sus problemas, todo habrá cambiado para seguir igual. Si la Justicia tiene algún sentido, sólo es la posibilidad, el deber y la obligación de dar grandes soluciones a grandes problemas, pero también grandes soluciones a problemas pequeños.

Mientras quien decida y organice no sea sincero y consciente de que la Justicia es algo más, mucho más, que los órganos de gobierno de la magistratura, que la Justicia somos todos quienes intervenimos en ella, principalmente el ciudadano, a quien a veces llamamos con ese término despectivo de justiciable, no cambiará nada, y hasta ahora la única conclusión en la que todos coincidimos es que haca falta cambiar. Cómo cambiar, las cosas que deben cambiar, los plazos etc, es cuestión reservada a quienes tienen la obligación de proponer, de decidir y de llevar a término las propuestas y decisiones. A los demás, a quienes tenemos participación en la Justicia, a quienes la sufrimos o a quienes nos beneficiamos de ella, nos queda la posiblidad de reflexionar sobre ella.

En la Fundación por la Justicia hemos echado de menos que los partidos políticos no desciendan a la realidad y sigan flotando en grandes formulaciones y propuestas magnánimas que la mayoría de las veces se han demostrado irrealizables, por imposibles y por irreales. Ningún partido político habla de prioridades. Todos coinciden en el síntoma de la enfermedad, pero nadie propone una terapia concreta. Todos coinciden en la necesidad de acabar con la lentitud de la Justicia, pero nadie ha propuesto cómo hacerlo. Nadie habla de mejorar y controlar la calidad de la Justicia, y quien lo hace da una idea genérica bastante desordenada. Calidad es tanto una buena y eficaz planificación de la distribución de juzgados, como una buena definición del mejor órgano judicial y, por lo tanto, mejora de estructuras, cumplimiento de deberes, optimización de tiempos, aprovechamiento de esfuerzos y recursos comunes, razonable acceso al ejercicio profesional del abogado y tantas cosas más. Pero frente a esto nos encontramos, sólo por poner un ejemplo, y así lo han denunciado algunos medios de comunicación, que aun cuando reglamentariamente deben cumplirse 37,5 horas de trabajo semanal, la media no alcanza más que a 23 horas. ¿Tiene algún sentido reclamar jornadas de 35 horas semanales? Estaríamos encantados de conseguirlas. Todo buen profesional está ilusionado por la calidad de su trabajo y motivado cuando la descubre en las aspiraciones del sistema.

Mientras Vd., lector, no tenga seguridad de que su asunto, que para Vd. es el más importante, se resolverá de una forma entendible en un tiempo razonablemente corto, todo seguirá igual. Hasta que la planificación desde arriba no sea capaz de descender al menor de los problemas, la voluntad política no convencerá de que tiene verdaderos deseos de ofrecer soluciones. Hasta que alguien o alguna institución no lidere el cambio que todavía está por afrontar en materia de Justicia, ese famoso Pacto de Estado por la Justicia quedará cojo y no servirá de nada, pero ojalá me equivoque.

Si alguien prefiere una propuesta de prioridades, queremos decirle que, desde nuestra reflexión, pasan por:

1. Asumir responsablemente quién y cómo ha de liderar el cambio (excluyendo la difusión de competencias entre instituciones que se solapan, si no se zancadillean).

2. Orientar toda la acción política, administrativa, legislativa, en relación con lo judicial, a la más próxima atención al ciudadano.

3. Crear mecanismos útiles de control de la calidad de lo que la Justicia ofrece, como garantía imprescindible para hacerla creíble.

¿Es tan difícil? ¿O es que no interesa?

Juan Añón es abogado y miembro de la Fundación por la Justicia.