Hallado muerto un alto funcionario en México tras destaparse un caso de corrupción

Juan Manuel Izábal, de 42 años, se suicidó incapaz de afrontar lo que se le venía encima, convencido de que los 700.000 dólares (120 millones de pesetas) acumulados ilegalmente como oficial mayor (jefe administrativo) de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) le iban a destrozar la vida. "Te vas a enterar de cosas nuevas que desconoces y te vas a decepcionar", escribió a su esposa antes de pegarse un tiro en la boca.

El titular de la Fiscalía, Jorge Madrazo, había recibido el pasado martes una llamada del director jurídico de Citibank informándole de que el funcionario, su brazo derecho, guardaba 700.000 dólares en una caja de seguridad del banco. "Soy el primer sorprendido, ya que siempre tuvo un modo honesto de vivir", declaró el fiscal.Juan Manuel Izábal, padre de tres hijos de ocho, diez y doce años, al cargo de multimillonarias compras y transacciones y de la lucha contra la corrupción en la PGR, escribió dos cartas póstumas. En una decía: "No se culpe a nadie de mi muerte. Es mi decisión y la asumo. Que Dios me perdone". Fue encontrado tumbado sobre el volante de su todoterreno, con un único impacto en el paladar. "Alejandrina, amor mío", escribió a su esposa, "perdóname por lo que voy a hacer. Ojalá que las cosas hubieran sido de otra manera". El dinero, le informaba, "es producto de negocios que he hecho, pero que en mi posición de servidor público no se entenderían. No es de narcos, ni mucho menos, pero no lo declaré y las circunstancias me ponen contra la pared".

El abogado Izábal, nacido en Acapulco, estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pasó a la PGR en 1993, reclamado por Madrazo. Por su manos pasaban los recursos financieros, administrativos y humanos de la procuraduría. Bajo su responsabilidad se adquirieron equipos por 310 millones de dólares en 1999, y recientemente participó en la compra de 24 helicópteros. Una de las posibilidades es que los 700.000 dólares provengan de comisiones, y otra es que hubiera sucumbido a la tentación de adueñarse de propiedades incautadas a delincuentes.

El difunto tuvo también relaciones en la PGR con Mario Ruiz Massieu, director en los ochenta del Patrimonio de la Beneficencia Pública en la Secretaría (ministerio) de Salud, quien recientemente se suicidó en EEUU durante un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. En octubre de 1997, Ruiz Massieu llamó a su viejo amigo para hablar de su difícil situación. "Por lo que fuimos, por los años que compartimos tanto, por tu tono amable en esa plática de octubre [de 1986] siéntete bien", le decía. "Por lo demás que toleraste a cambio de un cargo burocrático, debes sentirte indigno como persona y equivocado como ser humano. Cambiaste la posibilidad de ser un hombre libre por tu salario, y eso no te lo debes perdonar jamás".

El funcionario, finalmente, no se conformó con el salario, y decidió adentrarse en la ilegalidad. "No quiero hacerte pasar un infierno, ni a los niños. Diles a mi hijos que su padre los quiere mucho, que le duele en el alma dejarlos, pero le dolería más hacerlos sufrir esa vergüenza plenamente de su padre acosado y despedazado. Los adoro y me los llevo en el alma".

Un riguroso sistema

La transformación de Izábal causó sorpresa. Controlaba enormes sumas, los salarios, las relaciones con los sindicatos, las armas o las gasolinas de los aviones. Puso en marcha un riguroso programa de capacitación entre los policías judiciales, que incluía el detector de mentiras y exámenes psicológicos, controles que le granjearon antipatías en la plantilla. En los últimos cuatro meses, por instrucciones de Izábal, fueron dados de baja 250 agentes federales, culpables de corrupción o con rastros de haber ingerido drogas. "El que nada debe, nada teme", decía a sus amigos. La dirección de la PGR ha ordenado una auditoría en la Oficialía Mayor para deslindar responsabilidades y posibles complicidades.