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La alarma social IGNASI RIERA

Si las elecciones funcionaran como algunos premios literarios, en que los miembros del jurado se leen las obras que optan al galardón e incluso deliberan entre ellos, habría que declarar desierto este 12-M. O, a lo sumo, habría que destacar como finalista revelación a alguno de los candidatos con menos expectativas de triunfo final. En todo caso, el balance podría justificarlo el jurado (léase el elector) diciendo qué candidatos no se han ajustado a las bases. Porque es un fraude electoral centrar el grueso de una campaña, básica para el futuro del agua, del pan y la sal para millones de personas al borde de la marginalidad, hablando sólo de un partido vasco demasiado semejante a una orden religiosa que fue hegemónica y que ahora ni pincha ni corta.Insisto en que ni siquiera se ha conseguido esta vez hacer cuadrar mensajes de un mismo informativo: los hombres y las mujeres del tiempo nos amenazan con una pertinaz sequía. Y nadie recuerda que hace cuatro años el PP ahogaba (en seco) al PSOE porque los socialistas no habían aprobado el Plan Hidrológico Nacional. (¿Lo ha publicado el PP?). Y mientras miembros de la comunidad educativa se movilizan para pedir más recursos para la enseñanza pública, los protagonistas del debate político se enzarzan en insultos de personas sin categoría, como el tal Cuevas, enmienda a la totalidad contra la patronal española, menos zafia de lo que Cuevas quisiera.

Sin embargo, a la manera de virus informático, sutilmente, con nocturnidad y alevosía, se instala en nuestro panorama un viejo concepto rediseñado: el de la alarma social.

¿Qué provoca alarma social? ¿La pobreza existente en España? ¿La falta dramática de vivienda accesible? ¿La contaminación del aire y de las aguas escasas? ¿La miseria de la oferta televisiva pública? ¿La progresiva senilidad de la sociedad española? No. La alarma social en España tiene dos tipos de protagonistas: los jóvenes y los inmigrantes magrebíes.

Los hechos ocurridos en Sants el pasado 12 de octubre colean aún. Contra la dureza de la juez que instruye el caso, Remei Bona -mujer, por otra parte, de itinerario ejemplar: profesional de prestigio reconocido-, el comité permanente de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados ya se pronunció el 14 de octubre: "La criminalización generalizada de sectores jóvenes críticos con el sistema, preocupados por la especulación inmobiliaria y laboral, así como el trato mediático y político que se está dando al caso, introducen elementos de crispación social y de conflicto impropios de un marco de convivencia dentro de un Estado de derecho". En sentido similar se manifestaron los plenos de los ayuntamientos de Molins de Rei y de Sant Feliu de Llobregat.

Opino que es grave alterar el orden público. Y para evitarlo, pagamos impuestos y cuerpos policiales. Pero podría ser más grave aún que prosperaran actitudes poco matizadas contra los jóvenes que se sienten frustrados ante la sociedad que les hemos dejado en herencia. Nosotros, protagonistas de batallas y de batallitas sobremagnificadas, hemos fracasado a la hora de ofrecer un futuro más diáfano a los más jóvenes. Pero nos molesta, y mucho, que no reconozcan nuestra heroicidad (?) antifranquista. Por cierto: una heroicidad que debería someterse a una auditoría objetiva para evitar, en un presunto cielo de los héroes civiles, un overbooking de consecuencias catastróficas. Aclarado ya que fuimos unos héroes, ¿no resultaría honesto que reconociéramos nuestra incapacidad para solucionar cuestiones tan básicas como la precariedad laboral, el fracaso escolar o el carquismo edulcorado de nuestros discursos básicos?

La otra juventud que llega lo está haciendo en pateras o en camiones clandestinos que descargan su mercancía en las calles de Barcelona y alrededores. Se trata de dos grupos de jóvenes que tendrán que ocupar el espacio de nuestra generación heroica. ¿No resulta odiosa y pueril nuestra tendencia a criminalizar a nuestros sucesores naturales?

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