Los sindicatos acogen con frialdad las promesas sobre pensiones y exigen que se cumpla el Pacto de Toledo

Los dos mayores sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han recibido con escepticismo las promesas electorales de los candidatos del PP y el PSOE para mejorar las pensiones en caso de lograr la victoria el 12-M. Mientras un portavoz de CC OO reclamaba ayer a ambos partidos que no caigan en la "subasta electoral" en este asunto, desde UGT se negaban a hacer valoraciones de las ofertas de Joaquín Almunia y José María Aznar, y exigían al Gobierno el cumplimiento del Pacto de Toledo. Tampoco PNV y CIU se muestran entusiasmados: los catalanes critican la "falta de legitimidad" del PP para proponer una subida de pensiones, y los vascos achacan las propuestas respectivas a la coyuntura electoral.

El nuevo frente abierto en la campaña electoral en torno a las mejoras para los pensionistas -con promesa de subida por parte del candidato del PP, José María Aznar; y la oferta de una paga extraordinaria por parte del socialista, Joaquín Almunia- no parecen haber despertado el entusiasmo de los sindicatos ni de las formaciones nacionalistas con mayor representación en el Congreso, cuyo respaldo puede ser decisivo a la hora de pactar la investidura del nuevo jefe del Ejecutivo tras el 12-M. Así, el portavoz de CCOO, Javier Doz, pidió tanto a los socialistas como al PP que eviten "la subasta electoral de las pensiones", porque afecta a la credibilidad democrática y vulnera el carácter de Estado que debe tener asuntos como éste. En opinión de Doz, en lugar de entrar en batallas partidistas, los partidos deberían comprometerse a revisar el Pacto de Toledo y a garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones. En este sentido, CCOO sostiene que las decisiones sobre estas prestaciones deberían trascender los mandatos legislativos y contar con el apoyo de sindicatos y organizaciones empresariales.

Según declaró el portavoz sindical a la agencia Efe, para mejorar las pensiones mínimas y de viudedad los partidos políticos deberían valorar aspectos como la universalidad y viabilidad del sistema, entre otros, en vez de meterse en disputas partidistas y territoriales sobre las pensiones.

Financiación separada

Además, Doz cree necesario que los políticos expongan en la campaña cuándo y cómo van a proceder a la separación de las fuentes de financiación, de modo que las pensiones contributivas sean financiadas con cotizaciones y las no contributivas con impuestos, y agregó que los partidos deben establecer la relación entre las ofertas de política fiscal y la existencia de recursos para financiar políticas públicas como las pensiones. En este sentido, Doz calificó de contradictorio el anuncio del PP de bajar de forma generalizada los impuestos y ofrecer a la vez garantías de futuro sobre el sistema público de pensiones.

Por su parte, el portavoz de comunicación de UGT, Antonio Ordóñez, no quiso valorar las promesas electorales realizadas por Aznar y Almunia en torno a las pensiones y subrayó, en declaraciones a Europa Press Televisión, que "lo más importante en estos momentos es que el Gobierno cumpla con lo que acordó con los sindicatos", en referencia a los acuerdos alcanzados entre agentes sociales y partidos políticos en el Pacto de Toledo. Coincidió con el portavoz de CC OO en la importancia de que se separen las fuentes de financiación de la Seguridad Social y se constituya un fondo de reserva para asegurar las retribuciones de los futuros pensionistas, que, en su opinión, "son las dos propuestas incumplidas por el Gobierno y deben ser ahora sus grandes retos".

Respecto a los que fueran socios nacionalistas del Gobierno en la pasada legislatura, el portavoz de Política Social de CiU, Carles Campuzano, aseguró que el PP "carece de legitimidad" para proponer una subida de pensiones, después de haber demostrado que han sido el resto de fuerzas políticas y sociales quienes le han obligado a abordar este asunto la pasada legislatura. En declaraciones a Servimedia, Campuzano dijo que los populares están descalificados para hacer propuestas porque "cuando han gobernado ha habido que arrancarles entre todos la subida". "El PP, y muy especialmente [Rodrigo] Rato, no tienen ningún interés en subir las pensiones mínimas", dijo Campuzano, para quien el partido del Gobierno se ha visto obligado a "hacer de la necesidad virtud" en la pasada legislatura porque la falta de mayoría en el Parlamento "le ha obligado a realizar una política de desarrollo del Pacto de Toledo muy ligada a las peticiones del resto de fuerzas políticas".

Asimismo, Campuzano calificó de "anecdótica" la paga extra de 28.000 pesetas que el PSOE ha prometido a los pensionistas, porque el problema de este colectivo no se soluciona con aportaciones puntuales, sino mejorando la "globalidad del sistema". El portavoz nacionalista concluyó que las propuestas electorales que los distintos partidos están haciendo sobre las pensiones llevan a la conclusión de que la próxima legislatura debe revisarse el Pacto de Toledo y subrayó que para CiU es prioritario el incremento de las pensiones de viudedad.

También el PNV achacó las propuestas electorales en materia de pensiones de PP y PSOE a la coyuntura electoral y a la necesidad de conseguir los máximos votos posibles. Pedro Azpiazu, candidato del PNV al Congreso y que se encargará de los temas económicos de la formación nacionalista durante los próximos cuatro años, agregó que su partido considera una "prioridad" de la legislatura que viene que el Gobierno vasco gestione de forma directa las pensiones de los ciudadanos de Euskadi.

En declaraciones a Servimedia, Azpiazu explicó que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es una "vieja demanda" de su formación y que trabajarán para conseguirla. En este sentido, destacó que "va a ser un elemento que esté sobre la mesa" de cara a las futuras negociaciones con el partido que gane las elecciones y que condicionará su apoyo parlamentario. Añadió que el PNV intentará en el Congreso durante la próxima legislatura que se aplique en toda España el modelo de ayudas sociales del País Vasco, que calificó de "bastante progresista".