La familia: pariente pobre de la protección española
Recientes informes de varias instituciones (OCDE, UE, ONU) sobre las consecuencias del envejecimiento de la población en Europa sugerían como solución el acceso masivo de inmigrantes a este continente en los próximos años. La inmigración puede, efectivamente, tener un efecto positivo sobre la economía (de hecho, lo está teniendo ya) y aportar más cotizantes a la Seguridad Social, si los inmigrantes encuentran empleos, son dados de alta y se pagan por ellos las cotizaciones que marca la ley. Pero es bueno recordar dos aspectos: el primero, es que esos trabajadores extranjeros significarán nuevos cotizantes pero también tendrán derecho a prestaciones; y el segundo es que una política justa de inmigración debe ser plenamente compatible con una radical modificación de la política de protección social a la familia.En un estudio monográfico, la Revista Internacional de la Seguridad Social caracterizaba la protección familiar como el "pariente pobre" en las políticas y presupuestos sociales de los estados. Tal calificativo es especialmente aplicable al caso de España.
Los datos hablan por sí mismos y ponen de manifiesto una enorme paradoja: nuestro país, con una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y también con una bajísima tasa de ocupación femenina está, sin embargo, a la cola en prestaciones familiares. Incluidas las prestaciones por maternidad, gastamos en la función familia sólo el 0,4% del PIB frente al 2,2% de media en la UE. Es decir, por cada 100 unidades que se gastan de media en Europa, España sólo gasta 18,2. Y en lo referente a la intensidad protectora por hijo a cargo, ni aún triplicando o cuadriplicando las cuantías actuales nos acercaríamos al patrón protector europeo en lo que a protección familiar se refiere.
Es una constatación triste. Y sorprendente en un gobierno de derechas que no cesa de proclamar su apoyo a la familia, aunque debamos admitir, para ser justos, que el PP se ha limitado a mantener una situación heredada de gobiernos anteriores. Consecuentemente con su orientación ideológica, la política protectora del PP se traduce en su remedio universal y favorito: la rebaja de impuestos. Sin embargo, por la vía de las deducciones fiscales, en la reciente reforma del IRPF se favorece más a las familias más acaudaladas. Así, mientras una familia con dos hijos e ingresos anuales inferiores a 1.237.899 pesetas recibirá de la Seguridad Social sólo 96.840 pesetas al año, una similar, con ingresos superiores a 11 millones, deduciría fiscalmente por ese concepto, casi 230.000 pesetas.
Tres días antes de la convocatoria de elecciones y quince después de aprobar en el Parlamento las cuantías de las prestaciones para el año 2000, el gobierno ha incrementado, mediante decreto ley, la protección por hijo a cargo no minusválido en 1.035 pesetas por mes. Todo aumento es bienvenido, pero la prestación actual, de 4.035 pesetas mensuales para las familias con menos recursos (frente al criterio más común de cobertura universal), sigue siendo manifiestamente insuficiente.
En lugar de la opción del PP -basada en desgravaciones que aumentan la regresividad del sistema tributario mientras se mantiene la escasa cuantía de las prestaciones directas- parece más conveniente un cambio de orientación para proteger mejor a las familias, fomentar la igualdad real entre los ciudadanos y favorecer la redistribución de la riqueza. Una nueva política puede basarse en aspectos como los siguientes.
En primer lugar, si el fin prioritario de la protección familiar es la compensación pública a las familias por los gastos que supone el cuidado de hijos, ello requiere un aumento sustancial de las prestaciones directas que, además de ser justo, es posible por la buena marcha de la economía. Además, hay que tener en cuenta especialmente la situación de las familias con escasos ingresos, aumentar las cuantías según el tamaño familiar y contemplar el caso de las familias con un solo progenitor.
En segundo lugar, deben potenciarse mucho más determinados servicios públicos, como las guarderías para el cuidado de los niños en la etapa previa a la escolarización obligatoria, con muy escaso desarrollo en España. Estos servicios, si se suministran gratuitamente o a precios razonables, además de favorecer la participación de la mujer en el mercado de trabajo, contribuyen a la creación de empleo.
En tercer lugar, un objetivo cada vez más valorado por la sociedad europea es la compatibilidad entre el cuidado de hijos (y otros familiares) con la actividad laboral de hombres y mujeres. Con la reciente Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral -transposición minimalista de una Directiva que surgió de un pacto entre la Confederación Europea de Sindicatos y las patronales europeas- se ha desperdiciado una gran oportunidad. Hay que reformar radicalmente esa ley y ponerla a tono con la legislación existente en otros países de la Unión, donde las personas pueden disponer de periodos retribuidos considerables (pueden ser de un año o, incluso, más largos) para el cuidado de menores.
En cuarto lugar, las medidas que se adopten deben formar parte de una política estable, una verdadera estrategia de protección de la familia, pactada con los interlocutores sociales y con amplio respaldo parlamentario. En este sentido, es lamentable que España no haya ratificado dos instrumentos internacionales fundamentales, como son el Código Europeo (revisado) de Seguridad Social, según el cual la cifra mínima destinada a la protección familiar debe equivaler al 1,5% del PIB, o la parte correspondiente a protección familiar del Convenio 102 de la OIT (norma mínima de Seguridad Social), que supondría probablemente un gasto similar.
En definitiva, las políticas de apoyo a las familias deben cambiar radicalmente y converger con lo que es común en nuestro ámbito. Es preciso que la protección familiar se reoriente hacia su objetivo principal: la eliminación de aquellos obstáculos, especialmente de tipo económico y laboral, que dificultan que las familias puedan ejercer la libertad de tener los hijos que deseen. Ante las próximas elecciones generales, sería muy importante que los partidos políticos expusieran a los ciudadanos claramente sus posiciones al respecto. Seguir insistiendo en las regresivas ventajas fiscales, en la pasividad ante la situación económica de las familias con mayores necesidades o en resucitar viejas formulas que nos recuerdan a aquellos lejanos "premios a la natalidad", supone hipotecar seriamente el futuro y hacer caso omiso a nuestra Constitución que, en su artículo 39, establece que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de las familias.
Cándido Méndez es secretario general de UGT.
