Mayor inaugura en plena campaña un plan de regadío que el Gobierno vasco cree ilegal. Medio Ambiente emplea por primera vez una medida excepcional para dar agua a La Rioja

Los regadíos vuelven a utilizarse como arma política, esta vez en plena campaña del 12-M. El ministro de Interior y primer candidato del PP por Vizcaya, Jaime Mayor Oreja, inauguró ayer, como un acto electoral más, las obras del regadío de la Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana. A la misma hora, en Vitoria, el Gobierno vasco ofrecía una rueda de prensa para anunciar que recurrirá a los tribunales esas obras por entender que son ilegales. El proyecto implica una inversión de 6.100 millones de pesetas, subvencionado en un 80% por el Ministerio de Agricultura.Este polémico regadío se extiende por 5.000 hectáreas de 14 municipios de Álava y de La Rioja, y fue impulsado por Javier Sampedro, el recién fallecido alcalde de Laguardia, del PP, amigo personal de Mayor y de la ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio.

Básicamente, el consejero de Obras Públicas, Álvaro Amann, critica que el Ministerio de Medio Ambiente, apoyado por el de Agricultura, ha dado el visto bueno al proyecto amparándose en que está declarado de interés general, a pesar de que con ello salta por encima de las directrices marcadas para todos los regadíos bañados por la cuenca del Ebro.

No es la primera vez que el regadío de la Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana es objeto de conflicto político. Desde sus comienzos le ha perseguido la polémica. Javier Sampedro, fallecido el pasado 28 de enero, impulsó este proyecto de iniciativa privada y a él se sumaron agricultores de nueve pueblos alaveses y cuatro riojanos. Su pretensión consistía en regar 5.000 hectáreas captando agua del río Inglares, en contra de los criterios del Plan Hidrológico del Ebro, la directriz por la que deben guiarse todos los proyectos de regadíos de esta cuenca. El plan, aprobado por el propio Consejo de Ministros, dice que el territorio de la Rioja Alavesa debe obtener el agua directamente del Ebro y de las escorrentías de la Sierra de Cantabria.

Con todo, los agricultores dirigidos por el alcalde de Laguardia pidieron la concesión del agua en 1997. A esta solicitud se presentaron doce alegaciones, entre ellas de ayuntamientos de la zona (Treviño, Zambrana, Berantevilla) y de tres comunidades de regantes que captan agua del Inglares. También el Gobierno vasco, a través de la Dirección de Aguas, presentó un informe negativo en el que aseguraba que "no se dan las condiciones mínimas exigibles" y que el Inglares "no presenta caudales disponibles para atender una nueva concesión". Por el río discurren 400 litros por segundo de media anual. Sólo la comunidad de regantes de Zambrana tiene una concesión de 487 litros. Los agricultores de La Rioja han pedido, y obtenido, 300 litros más para almacenar entre los meses de diciembre y mayo.

El proyecto siguió adelante. En 1998, los regantes de La Rioja consiguieron que el Consejo de Ministros declarara "de interés general" el regadío. Aquello allanó el camino del plan Sampedro. Loyola de Palacio firmó un protocolo con el ya fallecido alcalde de Laguardia el 27 de abril del año pasado por el que se sentaban las bases para que el Ministerio de Agricultura subvencionara el proyecto. Dos días después, la ministra abandonó la cartera en manos de Jesús Posada. La solicitud se tramitó, como en todos los casos, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sin embargo, antes de que este organismo tomara una resolución, el Ministerio de Medio Ambiente pidió el expediente para continuarlo directamente desde Madrid, algo que no se había dado nunca, aunque está amparado por la Ley de Aguas.

El departamento que dirige Isabel Tocino resolvió el asunto el pasado 22 de diciembre, dictando una "autorización especial" dirigida al Ministerio de Agricultura por el que permitía "la utilización de las aguas sobrantes del río Inglares con destino a la mejora y modernización de los regadíos" de la Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana. Al no seguir el trámite habitual, no cabe un recurso por la vía administrativa ante esta resolución. Cualquier reclamación desde seguir el camino de los tribunales. Así lo hará el Gobierno vasco, según avanzó ayer el consejero de Obras Públicas. Álvaro Amann defiende sus argumentos recurriendo a la legalidad vigente. Asegura que este proyecto es "contrario al Plan de Regadíos de Álava, a la política de agua de esta comunidad y al Plan Hidrológico del Ebro".

Contra la Confederación

No sólo la opinión del Gobierno vasco es contraria. La propia Confederación del Ebro emitió un informe previo en el que ponía bastantes objeciones a la concesión, aunque admitía que, en último término, prevalece la declaración de interés general sobre otras directrices, como el Plan Hidrológico. Así pues, las obras del regadío empezaron ayer mismo. Al acto inaugural acudió el ministro de Interior y candidato del PP por Vizcaya Jaime Mayor Oreja.

Para que los trabajos pudieran comenzar necesitaban salvar una serie de condiciones (doce) que establecía el Ministerio de Medio Ambiente. En uno de ellos se pide que en el plazo de seis meses se presente "un proyecto de contrucción que defina la totalidad de la obra". Además, recuerda que los regantes solicitaban levantar una gran presa donde almacenar el agua captada, una obra que necesita una declaración de impacto ambiental. El Gobierno vasco aduce que no existe "un proyecto global, sino parcial", y no le consta que haya declaración medioambiental.

El PP replicó ayer que el primer obstáculo se resolvió el 28 de enero, al "acceder el Ministerio de Medio Ambiente a subdividir el proyecto total de la obra en tres fases, pudiéndose adelantar la tramitación de la primera". Este año Agricultura gastará 550 millones. El director general de Desarrollo Rural, Pedro Llorente, dijo ayer desde Laguardia a la cadena SER: "En unos años nadie se va a acordar de esta polémica".