La financiación, en el campo de batalla
La financiación autonómica ha sido el escenario más recurrente de los duros intercambios dialécticos que han mantenido socialistas y populares en estos cuatro años; las arcas autonómicas (y la capacidad de actuación de la Junta) dependen en gran medida de los fondos del Estado y los criterios de reparto que acordaron el PP y CiU para el periodo 1997-2001, con la cesión a los Gobiernos autonómicos del 30% del impuesto sobre la renta recaudado en su comunidad, contaron desde el principio con la oposición del Ejecutivo andaluz. La reciente propuesta de la candidata del PP a la Junta, Teófila Martínez, de plantear la cesión del 50% del IRPF a las comunidades para el próximo modelo de financiación (2002-2006), apenas ha contado con el respaldo de otros dirigentes populares (el programa nacional del PP no habla de porcentajes). Su propuesta adolece, además, de no haber hecho público ningún cálculo para mostrar cuál sería el impacto de esa medida en las arcas autonómicas. Por contra, las simulaciones de la Consejería de Economía señalan que, con el 50% del IRPF, Andalucía perdería autonomía financiera (la base de 644.800 millones que se usa en el actual modelo se vería reducida en 328.000 millones) y comunidades con más ingresos, como Cataluña, ganarían recursos (121.400 millones más sobre la base actual).
La iniciativa de Martínez, sin embargo, tiene la virtud de acercar la lupa a un clamoroso fallo de funcionamiento institucional en el diseño del Estado de las Autonomías, condicionado por el color político que impere en las Administraciones, como demuestra un breve repaso a las propuestas de financiación autonómica: los socialistas, tras recoger una exigencia de CiU, fueron los primeros en plantear la cesión de un tramo del IRPF (el 15%), que Andalucía no aprobó en 1995 por la oposición de PP e IU (entonces con mayoría en la Cámara autonómica). Luego, los populares, ya en el Gobierno de Madrid, también asumieron las tesis de los nacionalistas catalanes y elevaron la cesión al 30%.
Andalucía no entró en el procesos de cesión del impuesto sobre la renta, por considerarlo insolidario para las comunidades con menos ingresos, lo que ha provocado serias distorsiones en el sistema de reparto. Además, el principal instrumento financiero de Andalucía es la Participación en los Ingresos del Estado, que se basa, en gran medida en la población de cada comunidad (tiene una ponderación del 94%). El no reconocimiento del crecimiento demográfico de la región (383.719 andaluces más en 1996 respecto al padrón usado por el Gobierno central) y los distintos indicadores escogidos para calcular en cuanto se incrementa cada año la base (1996) de la Participación en los Ingresos del Estado y del IRPF recaudado en cada comunidad (excepto las tres socialistas) explican las diferencias: así , en 1999, el Gobierno central mantuvo que Andalucía perdió 51.000 millones por no estar acogida al nuevo sistema, mientras que la Junta afirmó que hubiese recibido 86.000 millones más si se hubiese actualizado el censo en el modelo antiguo.
El nuevo sistema de financiación se empezará a acordar a finales de año; sólo los resultados de las elecciones autonómicas y nacionales permitirán establecer un pronóstico sobre la dureza de las negociaciones.
