El Estatuto del Político exige modificar varias leyes para aplicar sus previsiones

Los servicios jurídicos del Parlamento han emitido un informe que aconseja la modificación de varias leyes para poder desarrollar las previsiones contenidas en el Estatuto del Politico vasco, un texto que fue aprobado el pasado mes de diciembre por la comisión de Instituciones e Interior de la Cámara. La tramitación del Estatuto del Político ha durado cinco años debido a la dificultad que entrañaba regular unas materias que los partidos consideran impopulares.

El Estatuto regula las retribuciones, pensiones e incompatibilidades de los políticos vascos. Afecta a parlamentarios, lehendakaris, vicepresidentes de Gobierno, consejeros y altos cargos del Ejecutivo, organismos autónomos, entes y sociedades públicas, así como a los asesores y personal de confianza.Según el informe de los servicios jurídicos, hay varias cuestiones reguladas en el Estatuto del Político que plantean posibles alteraciones de normas que actualmente están en vigor, desde el Reglamento del Parlamento a las leyes de Gobierno e Incompatibilidades, además de varias resoluciones aprobadas en su momento por la Presidencia de la Cámara. Por ejemplo, el cumplimiento del apartado de la declaración de actividades y bienes incluido en el Estatuto del Político aconseja, según los juristas, revisar una resolución de la Presidencia del Parlamento o incluir una previsión específica en el nuevo reglamento de la Cámara.

La ampliación del periodo de actividad parlamentaria fijada en el Estatuto también necesita un acuerdo específico de la Mesa del Parlamento. El Estatuto sitúa la apertura del periodo de sesiones en el 15 de enero -hasta ahora este mes era inhábil- y su cierre antes de las vacaciones estivales, el 15 de julio.

Las incompatibilidades que afectan a lehendakaris y vicelehendakaris aconsejan modificar las leyes de Gobierno e Incompatibilidades. Además, el informe de los servicios jurídicos también recomienda resoluciones específicas de la Presidencia del Parlamento de Vitoria para determinar los requisitos técnicos que den acceso al régimen de pensiones que recoge el reglamento de los políticos vascos.

Precisamente, el nuevo Estatuto del Político incorpora dos cuestiones polémicas, una de ellas relacionadas con las pensiones, que habían enconado el debate durante años y que habían impedido a los partidos llegar a un acuerdo. Por un lado, el Parlamento garantiza con fondos públicos el cobro de la pensión máxima de jubilación a todos los electos que hayan sido parlamentarios en más de una legislatura y hayan ostentado su mandato durante más de cuatro años. En la actualidad, la pensión más alta de la Seguridad Social está fijada en 295.389 pesetas. Para que un trabajador pueda aspirar a cobrar esa cantidad debe cotizar a la Seguridad Social durante 35 años por la base máxima.

Además, los parlamentarios deberán tributar a Hacienda por sus dietas y por la mayor parte de los gastos de locomoción, lo que hasta ahora no hacían. Las cantidades que cobraban hasta el año pasado han sido aumentadas de manera sustancial para que no pierdan dinero en comparación con la situación que venían disfrutando.