El PSOE pide al fiscal que reabra un caso que afecta a la ministra de Justicia

El grupo socialista de Marbella solicitó el pasado viernes a la Fiscalía Anticorrupción la reapertura del caso Jotsa, que archivó la juez Pilar Ramírez en 1996. El caso se inició con una querella del PSOE, en marzo de 1995, ante la Audiencia de Málaga contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil, por la adjudicación de una obra "a dedo" a esta constructora. La portavoz socialista, Isabel García Marcos, explicó ayer que tres familiares de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ocuparon cargos directivos de la constructora en 1990.

En el Registro Mercantil figuraron María Pilar, Paloma Mariscal de Gante Martínez y Eduardo Mariscal de Gante Pardo Belmonte como apoderados de la sociedad Jotsa cuando suscribió convenios con el Ayuntamiento marbellí, que permitió edificar en zonas calificadas como equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Las dos primeras siguen siendo apoderadas. La responsable de Justicia ha pedido a García Marcos, a través de un requerimiento notarial, que aclare si realizó unas declaraciones en las que insinuaba que había ejercido algún tipo de influencia protectora sobre la ex juez Ramírez, si sugirió presiones por parte de su Ministerio sobre algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que rechazaran la separación de la carrera de la ex decana y si afirmó que varios de sus familiares se habían lucrado con negocios de Jotsa con el Ayuntamiento de Marbella.

La edil socialista dijo ayer: "En el voto de los nueve miembros del CGPJ contra la expulsión de Ramírez de la carrera judicial puede haber razones extrajurídicas". Y añadió: "Han podido influir llamadas telefónicas, reuniones, sugerencias y recomendaciones más o menos directas por parte de personas próximas al Ministerio de Justicia".

Para García Marcos, "el asunto de Pilar Ramírez es un caso escandaloso de corrupción judicial", por lo que pregunta a Mariscal de Gante si "está ejerciendo alguna influencia protectora respecto a la ex magistrada, al no promover a través de los órganos del Ministerio Fiscal acciones penales". También solicita que "aclare su grado de parentesco con los Mariscal de Gante que han sido apoderados, representantes y miembros del Consejo de Administración de Jotsa", empresa que, asegura, "ha hecho negocios ilícitos por valor de miles de millones con el Ayuntamiento de Marbella, a través de acuerdos con Jesús Gil y Pedro Román [ex primer teniente de alcalde]".

En la querella que presentó en 1995 el Partido Socialista se detallaba la cesión a Jotsa de terrenos municipales de uso público por parte del Ayuntamiento, a través de convenios "realizados por la vía de urgencia, sin los informes del interventor y el secretario, que hacían presuponer el pago de comisiones". La ex decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez, decidió en febrero de 1996 archivar las diligencias, pese a que según García Marcos "en su propia resolución reconocía que las adjudicaciones se habían realizado al margen de la legalidad, sin la existencia de proyecto, sin expediente administrativo previo a la adjudicación de la obra, y sin los informes técnicos preceptivos".