El transporte escolar, en cuestión

El nuevo año empezó mal para la familia de Silvia A. G., una niña tinerfeña de 12 años que el día 18 del pasado mes de enero murió a consecuencia del fuerte golpe recibido al ser arrollada por la guagua de transporte escolar que la trasladaba desde el Colegio Baldomero Bethancourt, en el municipio de Icod de los Vinos, hasta su casa. Su muerte ha provocado diversas manifestaciones de la comunidad educativa en la isla, y serias críticas a la seguridad del transportes escolar, que han trascendido el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.La Confederación de padres nacional CEAPA se ha sumado a las movilizaciones y ha aprobado iniciar medidas de presión para exigir a la Administración que garantice la seguridad de los escolares. En un reciente encuentro celebrado en Oviedo, la CEAPA acordó mandar varias reivindicaciones a los responsables estatales y regionales de Educación para garantizar la seguridad del transporte escolar, como la incorporación de la figura del acompañante de los alumnos. La iniciativa incluye, además, la edición de carteles y dípticos informativos, y la realización de una gran concentración en Madrid -la fecha está aún por determinar- de autobuses procedentes de diversas provincias.

Las primeras movilizaciones que se produjeron ya en Canarias, a raíz del mencionado accidente, han llevado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional y a las asociaciones de padres y alumnos a mantener diversas reuniones para buscar una salida al conflicto. Mientras el presidente de la CEAPA, Carlos Ladrón de Guevara, asegura que en esta cuestión no van "a negociar ni a transigir", los primeros contactos que ha habido en las islas han puesto ya sobre la mesa los puntos divergentes entre padres y Administración. A la exigencia de implantar la figura del acompañante, el Gobierno canario ha respondido haciendo cuentas y afirmando, a través del director general de Promoción Educativa, José Zenón Ruano, que "es una petición económicamente inviable".

Según los cálculos de la Consejería de Educación, con unos 35.000 alumnos que usan el transporte escolar en el archipiélago y más de 670 rutas confeccionadas, el coste de establecer un vigilante por ruta superaría los 600 millones de pesetas anuales -si se establece el salario del acompañante en 4.578 pesetas al día-.

El Ejecutivo regional propuso por su parte que sean precisamente las asociaciones de padres las que asumieran el coste de incrementar la seguridad en el transporte escolar, a lo que éstas se han negado. "La seguridad de los niños de entre seis y nueve años no puede quedar supeditada a ningún criterio mercantilista, por lo que presionaremos lo que haga falta para que la Administración asuma el gasto de establecer acompañantes en el transporte escolar", añade Ladrón de Guevara.

La solución intermedia que también se ha barajado en las negociaciones entre las autoridades educativas canarias y los representantes de los padres y de los sindicatos, de desviar fondos de otros gastos para Educación como ayuda a los libros de texto, tampoco convence a la CEAPA. "Es un remiendo que no vamos a aceptar, la educación es una prioridad absoluta, y las administraciones estatal o autonómicas tendrán que cubrir estos gastos a costa de otras partidas no educativas", precisa su presidente.

No obstante, el Gobierno canario y los padres han decidido crear una comisión especial -que se reunirá esta semana- para afrontar este problema; en principio, las autoridades educativas han planteado una "tercera vía" de financiación alternativa, que pasaría por cofinanciar estos gastos entre las administraciones regionales y locales -cabildos y Ayuntamientos- y las empresas de transportes (que también participarán en la reunión). La otra posibilidad sería aplicar un sistema de financiación semejante al de los comedores escolares, de forma que los padres contribuyeran a cubrir parte de los gastos mediante aportaciones en proporción a sus ingresos.

Pero la CEAPA no limita sus reivindicaciones a la figura del acompañante. El colectivo reclama también una revisión del decreto de 1983, la supresión del "tres por dos" -la ocupación de dos asientos por tres alumnos-, la reducción de los 12 años de antigüedad de los autobuses que permite la ley, la realización de itinerarios más cortos y de paradas más racionales. La CEAPA cuenta con el respaldo de los sindicatos y asociaciones de consumidores, que se sumarán a la movilización. Se iniciará frente al Ministerio de Fomento -del que depende la Dirección General de Transportes- y concluirá ante el de Educación.