Las cajas de ahorro ante el futuro Martín Sevilla y Jordi Palafox

Siguiendo una costumbre ya casi permanente de los representantes empresariales (sean del tipo que sean) cuando se acercan las elecciones, el presidente de la Cierval, Rafael Ferrando, ha manifestado los puntos de vista de la organización que preside sobre el futuro de las cajas de ahorros. Contrariamente a la opininón de algunos dirigentes políticos, en nuestra opinión lo ha hecho en el momento oportuno. Porque si no se exponen este tipo de propuestas ante unos comicios que pueden decidir quién tiene la mayoría para formar gobierno en España y, por tanto, la capacidad para modificar la Ley de Cajas (LORCA), ¿cuándo es el momento oportuno para pronunciarse sobre ellas?La cuestión de las cajas de ahorro no está incluida en la tan manida relación de las cuestiones de Estado; aquellas que hacen necesario un acuerdo nacional para perfilar su carácter. Por ello los diferentes partidos tienen la obligación de exponer qué es lo que tienen previsto hacer con la normativa acerca de las cajas en caso de tener la mayoría suficiente para formar gobierno en las nuevas Cortes Generales. Con independencia de poder analizar este posicionamiento una vez presentados los programas políticos para las elecciones, puede ser útil analizar los criterios expuestos por Rafael Ferrando sobre el futuro de las cajas.

Lo primero que llama la atención de su propuesta, tal como ha sido traducida por casi todos los medios de comunicación, es su poca articulación. Ferrando incluye en el mismo paquete dos cuestiones muy diferentes: el funcionamiento general de las cajas de ahorro y el comportamiento de las cajas valencianas. Según el presidente de la patronal, las cajas valencianas no tienen el comportamiento estratégico puesto en práctica por otras (muy probablemente La Caixa y Caja Madrid), que han adoptado una posición más activa en el terreno de las participaciones industriales, "no habiendo entrado en núcleos económicos importantes".

Si esto ha sido hasta ahora así y, siguiendo el razonamiento de Ferrando, se propone un cambio de estrategia, no es necesario llevar a cabo ningún tipo de modificación legal. La participación en el accionariado de distintas empresas estratégicas decidida tanto por La Caixa como por Caja Madrid en su política de inversiones, se ha realizado dentro del marco normativo actualmente vigente. Por tanto, defender la conveniencia de una actuación similar no hace necesario modificarlo. Requiere únicamente una actuación más intensa en este terreno de las dos grandes cajas del País Valenciano.

Cabría apuntar en este sentido que esta línea de acción, con ser importante e incluso conveniente, no es ajena a las decisiones que en los últimos años han adoptado las cajas valencianas, aunque evidentemente no han alcanzado los niveles de las dos grandes cajas españolas, porque tampoco sus recursos lo permiten. Una simple comparación de balances permite deshacer bastantes de los tópicos al uso, y demuestra que no se hace con un porcentaje de la propiedad de una gran empresa quien quiere, sino quien, por la magnitud de sus recursos, puede. Y ello al margen de que, por otro lado, no debieran infravalorarse los riesgos inherentes a una estrategia de ese tipo para entidades de tamaño medio. Aun dentro de una coyuntura expansiva como la actual, no pueden ignorarse los interrogantes que pueden implicar las decisiones adoptadas en las cuentas de resultados futuras, cuando el ciclo haya cambiado de signo.

Si lo anterior es una obviedad, ¿en qué mejoraría nuestra posición con la propuesta de privatización de Ferrando? En muy poco o en nada. A la espera de que dicha proposición se concrete, las nuevas cajas privatizadas esbozadas por Ferrando, se parecen muy mucho a las posibilidades legales ofrecidas por la actual normativa. Tanto el consejo de administración como la comisión de control o el destino a obras sociales propuestas por él están ya contenidos en las leyes actuales (incluso con su mención a la "descafeinada representación política").

Posiblemente, la mayor diferencia radicaría en lo que él denomina "privatización". Si no hemos entendido mal, este proceso consistiría en valorar estas entidades, traducirlo en un valor accionarial y sacarlas al mercado en varios tramos "para que nadie tenga más del 3%, evitándose el desembarco de los grandes grupos financieros", accediendo así los impositores a la propiedad de las cajas. Esto conllevaría el reparto de beneficios para estos accionistas, aunque Ferrando sigue manteniendo la necesaria continuidad de la obra social. Si tenemos en cuenta que en su propuesta de consejo de administración sólo están representados los impositores (que son todos, aunque no tengan acciones), las entidades fundadoras y la descafeinada representación política, ¿en qué se diferencia la propuesta de la actual situación legal que posibilita la existencia de accionistas de las cajas a través de las cuotas participativas con derecho al cobro de dividendos aunque no otorgan derechos de participación?

Es obvio, pues, que la sugerencia del presidente de la Cierval no introduce ninguna mejora sobre la situación presente. Es más, lo que aportaría, de llevarse a la práctica, es una mayor inseguridad en el funcionamiento de las entidades al estar algunos aspectos sujetos a una mayor tensión entre los intereses públicos y los accionistas privados. La limitación del 3% de la posesión del capital de las mismas, al margen de arbitraria (¿por qué el 3% y no, por ejemplo, el 4% o el 6%?), no matiza un ápice del razonamiento anterior. La dispersión del accionariado en modo alguno asegura que otros grupos financieros no pudiesen entrar en las mismas y dominar su gestión y su estrategia de actuación. Un repaso a los porcentajes de acciones en manos de los denominados "núcleos duros" de las grandes empresas españolas permite comprobar lo inexacto de la sugerencia.

La situación actual de las cajas, y entre ellas las valencianas, es, sin duda, mejorable. Capítulos como la adquisición de mayores tamaños, la búsqueda de fórmulas para mejorar la captación de cuotas de pasivo, la distinción y separación entre sus actividades de entidades financieras y las relacionadas con unas obras sociales a las que les falta transparencia y les sobra dependencia de la Administración, o el necesario debate sobre su presencia internacional, exigen, con urgencia, nuevas fórmulas. Pero las propuestas a realizar, deberían contar, al menos, con un mínimo de prudencia y rigor. De otra forma, se transmite la sensación de estar dictadas por los intereses políticos o empresariales de algunos. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con los informes del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE sobre esta cuestión, los cuales no han hecho sino reducir todavía más el prestigio de ambas instituciones entre los economistas.

Como resulta evidente de lo escrito hasta aquí, en nuestra opinión el presidente de la Cierval no ha enfocado adecuadamente los retos a los que se enfrentan las cajas. Pero esta discrepancia, en modo alguno, implica negarle el derecho a expresar sus opiniones. Una distinción ésta, nada irrelevante teniendo en cuenta la airada reacción que han provocado sus declaraciones en el Consell y en las Cámaras de Comercio.

Martín Sevilla es profesor de la Universidad de Alicante, y Jordi Palafox, de la de Valencia.