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CONFLICTO RACISTA EN EL EJIDO

El alcalde de El Ejido acepta el realojo de los inmigrantes en barracones junto a los invernaderos

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, aceptó ayer el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los sindicatos UGT y CC OO para proceder al realojo "inmediato" de los alrededor de 700 inmigrantes que perdieron su techo en los disturbios racistas de la semana pasada en El Ejido (Almería). La reubicación de los inmigrantes se hará en barracones junto a los invernaderos, lo que satisface las pretensiones de Enciso de que los inmigrantes no estén cerca del pueblo y sí a pie de tajo. En las negociaciones participó ayer por primera vez el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, a quien el Gobierno ha encargado que coordine la tarea desplazando al titular de Trabajo, Manuel Pimentel.

El ministro Ángel Acebes se estrenó ayer en su nuevo cometido reuniéndose con el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, y con los sindicatos. Al encuentro asistieron también el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, y el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá. Del encuentro salió el acuerdo de proceder al realojo inmediato de los inmigrantes que perdieron sus viviendas en los recientes disturbios y desde hace más de 10 días duermen al raso.Como medida de urgencia se pretende instalar, si es posible a partir de hoy mismo, módulos prefabricados junto a los invernaderos en los que trabajan los marroquíes. Acebes contactó anoche con Enciso para transmitirle el acuerdo y recabar su respaldo, que obtuvo sin demasiados problemas. El alcalde, que había rechazado la instalación de un campamento con tiendas facilitadas por la Cruz Roja, ya había asegurado ayer que el propio vicepresidente Rodrigo Rato, con quien se entrevistó el miércoles en el aeropuerto de Almería, apoyaba su plan de alojar a los inmigrantes en locales anejos a los invernaderos, lejos del del pueblo y a pie de tajo. Enciso ha apostado siempre por mantener a los inmigrantes lo más alejados del pueblo posible, pero la solución acoradada ayer, aunque satisface de momento sus pretensiones, es provisional porque la intención de las administraciones y los sindicatos es apostar por la integración.

Se calcula que en El Ejido hay unos 8.500 propietarios y un número similar de explotaciones con pequeños almacenes o garajes. Los braceros, según este plan, serían contratados con derecho a un alojamiento que deberían abandonar al terminar el trabajo. Cualquier idea de integración queda así pulverizada.

El alcalde aseguró que se necesita un trabajador por cada una de las 14.000 hectáreas de invernaderos y otros dos en temporada de recolección, lo que supone un total de 42.000, informa Ana Torregrosa. Todos tendrían un habitáculo con servicio y dormitorio, que deberían abandonar al término del contrato, pues "los agricultores no pueden estar todo el día en el juzgado para echar a los inquilinos", argumentó.

Para limitar el aislamiento de los inmigrantes, Enciso prometió establecer una línea de autobús desde los invernaderos hasta el hospital y el centro comercial, pero no hasta el pueblo, pues los quiere lejos de la población.

El alcalde dijo contar con más de 14.000 firmas de vecinos contra la instalación de carpas de Cruz Roja para los que se quedaron sin casa y se permitió dudar incluso de que se produjeran los destrozos. Aseguró que sólo se habían formulado dos denuncias y que "esos que nadie sabe donde están ni cuantos son" no han presentado ninguna. Según S.O.S. Racismo, ya se han registrado más de 600 denuncias por daños durante los altercados.

Recelo de los sindicatos

La decisión del Gobierno de encomendar a Acebes la coordinación de la ayuda, desplazando a Pimentel, que hasta ahora había llevado el peso de la negocación, fue recibida con recelo. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, alegó que acudía a la reunión "por respeto" a Pimentel, pues el resto del PP había cerrado filas con la intransigencia del alcalde de El Ejido.

A Méndez no le convenció la explicación oficial, según la cual la coordinación corresponde a Administraciones Públicas, cuando hay varios ministerios implicados. Desde su departamento se alegó que Acebes fue el encargado de coordinar la ayuda a los refugiados albanokosovares, olvidando que en aquella ocasión se encomendó la tarea al vicepresidente Álvarez Cascos. Fuentes de Trabajo reconocieron la existencia de "distintas sensibilidades" en el seno del Gobierno. "Cuando haya una posición común, todos la asumiremos", agregaron. El propio Pimentel se declaró públicamente "feliz" de ceder el protagonismo a Acebes.

Por otra parte, el consejero de Obras Públicas de la Junta, Francisco Vallejo, denunció ayer que el ministro de Fomento, Arias Salgado, rechazó hace diez meses su petición de acordar un programa común sobre la falta de vivienda de los inmigrantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de febrero de 2000

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