IU decide investigar la adjudicación a un grupo italiano de la fabricación de los trenes que circularán en la línea 10

El Grupo de Izquierda Unida (IU) en la Asamblea de Madrid estudiará en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones el concurso para la adquisición de trenes y vagones del Metrosur y de las líneas 10 y 8 del metro, que supondrá un gasto de 55.000 millones de pesetas para la Comunidad de Madrid. Tanto IU como PSOE-Progresistas expresaron ayer en la Comisión de Economía de la Asamblea sus "reservas" sobre la transparencia de este concurso.El portavoz de IU en esta comisión, Julio Setién, señaló que llevará el tema a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones una vez que sea firme la adjudicación de los tres lotes de este concurso, aspecto que no quedó claro tras la comparecencia del viceconsejero de Economía y Empleo, Adolfo Cazorla. No obstante, durante esta comisión se habló de que el concurso ha sido preadjudicado en un 60% a la empresa italiana Ansaldo-Breda, y en un 40% a un consorcio participado por empresa española CAF. Cazorla compareció ante la comisión en sustitución del consejero Luis Blázquez, quien no pudo acudir para responder a la pregunta de IU sobre cuál será la repercusión en el empleo de la adjudicación de estos contratos. Interrogado por otros aspectos del concurso, tales como si ya ha sido adjudicado definitivamente, si hubo una apertura pública de plicas o cambio en las condiciones del pliego o cuál era la diferencia económica entre las ofertas, el viceconsejero señaló que no podía responder a esas cuestiones porque no estaban dentro del motivo concreto de su comparecencia.

Cazorla recordó que se trata de un concurso licitado por la Consejería de Obras Públicas, y no por la de Economía y Empleo.

Respecto a la repercusión en la economía y en el empleo de la adjudicación, afirmó que los 55.000 millones de pesetas producirán un incremento de la actividad económica de 106.658 millones de pesetas y generarán cerca de 10.000 puestos de trabajo, 6.000 de ellos directos. En la Comunidad de Madrid, según Carzorla, este contrato dejará 12.500 millones de pesetas.