La fiscalía acusa de malversación al ex director general de Turismo

El juez imputa al menos cinco delitos a Joan Cogul, de UDC

Barcelona - 13 feb 2000 - 00:00CET

La Fiscalía de Cataluña se ha querellado contra el ex director general del Consorcio de Turismo de Cataluña (hoy Turismo de Cataluña), Joan Cogul, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, fraude y negociación prohibida a funcionarios mientras ejerció el cargo, según fuentes judiciales. El Juzgado número 11 de Barcelona, que instruye el caso, investiga también la desaparición de más de 2.800 expedientes contables del consorcio.

El titular del Juzgado número 11 de Barcelona, Francisco González Maíllo, cita a Cogul para que declare como imputado. Sin embargo, éste no ha podido ser localizado porque se encuentra en China en busca de emplazamientos hoteleros para un grupo catalán, según fuentes próximas a Cogul.El caso comenzó con seis denuncias presentadas ante el fiscal jefe entre junio y diciembre de 1998 y hasta enero del presente año la fiscalía no decidió abrir causa penal contra Cogul. Se trata de supuestas irregularidades cometidas mientras fue primer responsable del consorcio, en la época en que Lluís Alegre era consejero de Turismo y Xavier Hernández secretario general del departamento. Cogul, Alegre y Hernández militaban en UDC.

En la causa aparecen informes valorados en más de 200 millones de pesetas realizados por empresas de ex altos cargos del propio consorcio, como Betoret & Asociados, de Alexandre Betoret, y Serviturisme, de Ángel Miguelsanz. Cogul contrataba, además, a un reducido número de empresas de Reus, su lugar de origen, siempre por la vía de la contratación directa y frecuentemente sin competidores, según consta en el expediente judicial.

Cogul llegó incluso a contratar la academia de su esposa, Carmen Fargas, radicada en Reus, para que hiciera traducciones para el consorcio. Otro informe, firmado por CGI, era una copia exacta de un informe de Turespaña, del Ministerio de Economía.

También aparecen pagos (unos 30 millones) por servicios no prestados y cuantiosos encargos de material promocional a empresas de la familia. Asimismo se produjeron pagos de más de 60 millones a la asociación de golf PGA.

El ex director del consorcio pagó por servicios y estudios a empresas del propietario del cámping Salou, Joan Maria Bartolí, para quien Cogul había trabajado. Las cuentas del consorcio público se vieron perjudicadas en 513 millones como consecuencia de la gestión realizada en la época de Cogul.

Otro de los capítulos denunciados ante la fiscalía son supuestas irregularidades en la oficina de la Generalitat en Moscú, donde se percibía dinero por emitir las visas a los turistas rusos y éste no aparece en la contabilidad del consorcio.

Alguien se llevó las pruebas

El Juzgado de Instrucción número 11 investiga también la desaparición de 2.800 expedientescompletos que corresponden a los años 1990 y 1991, con sus documentos contables. Esta pérdida comporta irreparables consecuencias para los expedientes de contratación de las operaciones de ese periodo, en el que Alexandre Betoret (UDC) era director general del Consorcio de Turismo de Cataluña.

También se descubrió la desaparición selectiva de un número indeterminado de documentos en 25 expedientes del año 1995, que corresponden al mandato de Cogul.

Tres funcionarios de Turismo prestaron declaración ante la fiscalía y expusieron que de manera "torticera" determinados papeles habían sido arrancados de los expedientes, sin que importase a quienes los sustrajeron que quedasen pedazos de papel, según consta en sus declaraciones.

Los expedientes de 1995 fueron auditados en 1997 por la Subdirección General de Control de la Intervención General, que cerró su informe el 13 de febrero de 1997 sin detectar falta alguna de documentos. Por esa razón, fuentes judiciales consultadas señalan que la desaparición se produjo después, es decir, con posterioridad a que los políticos de Unió cedieran el departamento a Antoni Subirà.

Economía y Finanzas envió de oficio a la Sindicatura de Cuentas los documentos con las irregularidades detectadas en sus auditorías. Cuando, en 1996, Subirà asumió las competencias de Turismo, encargó un dictamen a los abogados Jané & Solà, que confirmaron la existencia de indicios de delitos por gestión en beneficio de determinados proveedores, transgresión de los límites presupuestarios, mala gestión de compras y omisiones en el régimen de contratación. En el informe se proponía denunciar los hechos ante un juzgado.

Sin embargo, Subirà optó por considerar que bastaba con que de forma sistemática se remitieran los informes de Intervención de la Generalitat a la Sindicatura de Cuentas. Desde entonces el caso del Consorcio de Turismo se encuentra en la Sindicatura pendiente de dictamen. El retraso ha sido motivo de discusión entre los síndicos.

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