Por acción o por omisión

Hace unos meses la policía cargó, de manera contundente, contra los estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona al intentar manifestarse en el campus de su Universidad para protestar contra la política educativa del Gobierno de José María Aznar, que visitaba uno de los centros de investigación de dicha Universidad. Hace unos días la policía ha asistido impasible al ataque contra los trabajadores extranjeros de El Ejido, sin actuar para protegerlos, como la Constitución y la ley les obliga.No creo que nadie pueda poner en duda que la actuación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona no suponía ningún peligro para "personas y bienes", que es lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan intervenir frente al ejercicio de un derecho como es el de manifestación. Tampoco creo que nadie tenga la menor duda de que en El Ejido esta semana sí había un peligro real y efectivo para "personas y bienes", sin que además se estuviera ejerciendo propiamente por los agresores ningún derecho constitucional.

Quiere decirse que no había ninguna razón para que la policía interviniera contra los estudiantes de Barcelona y que sí la había para que hubiera intervenido esta semana en El Ejido para proteger a los trabajadores magrebíes. Justo al revés de lo que ha ocurrido.

Obviamente, la responsabilidad por esta actuación irregular de la policía por exceso en el primer caso y por defecto en el segundo no puede ser atribuida a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ni siquiera a los mandos que estaban en el lugar de los hechos. Si cargaron en Barcelona y no lo hicieron en El Ejido fue porque tenían instrucciones para actuar de esa manera en un sitio y otro. Son las delegaciones del Gobierno en Cataluña y Andalucía quienes son responsables de que se haya actuado anticonstitucionalmente en un sitio y otro.

La parcialidad policial en la protección o desprotección del ejercicio de los derechos constitucionales es de los peores mensajes que se pueden transmitir a la sociedad y de los que minan subrepticiamente la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.

Éste es uno de los reproches que se le viene haciendo, con razón, a la Consejería vasca de Interior. La pasividad de la Ertzaintza a la hora de reprimir la kale borroka viene siendo lamentada de forma reiterada por el ministro de Interior. Tras lo ocurrido en El Ejido, ¿tiene la misma legitimidad para formular la crítica? ¿Puede Jaime Mayor Oreja reprochar su conducta al consejero vasco, cuando no ha procedido a la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Andalucía y cuando no ha desautorizado la conducta del alcalde de El Ejido? ¿Se puede tolerar que por un brote racista de la intensidad del que se ha producido esta semana en El Ejido no se vaya a exigir ningún tipo de responsabilidad, por acción o por omisión?JAVIER PÉREZ ROYO