El dilema del prisionero.

El enorme escándalo de la financiación ilegal de la Democracia Cristiana alemana, sumado a todos los demás que se han ido descubriendo en otras democracias europeas a lo largo de los años noventa, en Italia, en Francia, en España..., deja algo absolutamente claro: la corrupción política no obedece a causas ideológicas o culturales. Los casos de financiación irregular afectan ya a partidos de la izquierda y de la derecha, del sur y del norte de Europa. La contemplación del escándalo de la CDU alemana desde nuestro país nos permite concluir que, al menos en este caso, Europa no es la solución.Si los factores relevantes no son ni la cultura política de los países ni las ideologías de los partidos, ¿qué explica tanta corrupción? Tal vez, los incentivos institucionales que tienen los partidos en la competición electoral. La obtención de fondos más allá de lo que permite la ley se lleva a cabo para mejorar la capacidad del partido de ganar las elecciones. El partido espera que financiándose ilegalmente aumentará sus posibilidades de victoria en las urnas. Pues bien, el dilema de financiarse ilegalmente se corresponde con el célebre dilema del prisionero de la teoría de juegos, en el que la estrategia tramposa (aquí, obtener fondos irregularmente) es siempre preferible a la estrategia cumplidora. Si los otros partidos son cumplidores, lo mejor que puede hacer un partido es financiarse ilegalmente, aumentando su ventaja electoral sobre los demás. Y si los otros partidos son tramposos, lo mejor que puede hacer es imitar su conducta para no perder posiciones en la lucha electoral. Por tanto, hagan lo que hagan los otros partidos, a cada partido le compensa no ser demasiado respetuoso con la ley. Como todos los partidos se encuentran en la misma situación, el resultado colectivo es que la corrupción se extiende por todo el sistema.

Esta conclusión sonará demasiado pesimista. La repetición periódica de elecciones podría dar pie a que los partidos llegasen a acuerdos por los que se comprometen a no financiarse irregularmente. Saben que, aunque a corto plazo tengan intenciones de hacer trampa, a la larga están todos mejor si todos evitan la financiación irregular. Los partidos van cumpliendo su parte en la medida en que observen que los demás también lo hacen. Desgraciadamente, esto no es factible en el caso de la corrupción, ya que los partidos tienen muchas dificultades para verificar si los otros se están financiando ilegalmente, algo que por su propia naturaleza se hace en secreto. Los pactos en este terreno resultan imposibles, debido a este problema de verificación.

Dados los incentivos institucionales para que los partidos hagan trampas, no se puede esperar demasiado de las leyes sobre financiación que estos mismos partidos puedan aprobar. Aun si se trata de medidas razonables y bien diseñadas, los partidos intentarán saltárselas. En lugar de fiar la solución a regulaciones detalladas sobre la procedencia de los ingresos puede ser más eficaz pensar en limitar las oportunidades de gasto y en aumentar el control externo.

En cuanto a limitaciones del gasto, quizá se puedan suprimir las actividades más cosméticas y menos informativas de las campañas. En este sentido, resulta incomparablemente más barato y más instructivo celebrar debates políticos en las televisiones que llenar las ciudades de carteles con las sonrisas de los candidatos o inundar los buzones con propaganda electoral que va directamente a la papelera. También resultan cuantiosos los gastos de invadir las ondas con las melodías de los partidos y la prensa con los eslóganes. Aquí hay cierto margen para prohibir dispendios electorales. Tal prohibición haría menos atractiva la financiación irregular. Habría que pensar en propuestas similares que permitieran reducir las mastodónticas organizaciones de los partidos.

En cuanto a los controles externos, lo más fundamental es que la ciudadanía reaccione vigorosamente contra este tipo de escándalos, así como que aumente el temor de los partidos a ser descubiertos. Conforme se acumulen experiencias de partidos que han sufrido descalabros electorales como consecuencia de escándalos de financiación, el coste de ser sorprendido aumentará. Además de este coste, es preciso que los partidos se persuadan de que la probabilidad de que se destape el escándalo sea alta. Para ello resultaría muy conveniente que los partidos se sometieran a auditorías e inspecciones semejantes a las que pasan las empresas privadas.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política.