Juicio contra 10 miembros del PP por un fraude en el voto por correo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde hoy, lunes, el juicio contra 10 miembros del Partido Popular de Madrid acusados de un supuesto fraude electoral en la tramitación del voto por correo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1991. La celebración de este juicio se fijó inicialmente para el pasado mes de octubre, y desde entonces ha sido aplazada en dos ocasiones. En concreto, el fiscal acusa a 10 miembros del PP, la mayoría interventores, de falsificar la firma de un notario para legitimar la rúbrica y los datos de 3.366 votantes. Además, les atribuye haber asumido desde distintas sedes del PP autorizaciónes de 7.000 electores, de las que al menos 75 se realizaron de forma fraudulenta.

Por delitos de falsedad en documento oficial y fraude electoral, el ministerio público y las acusaciones solicitan para los imputados Guillermo N. V., Esperanza M. G. y María del Pilar R. penas de nueve años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación y multa de 800.000 pesetas. Para el resto de los procesados piden dos años de cárcel por falsificación, seis años de inhabilitación y una sanción de 200.000 pesetas. El juicio se suspendió el pasado 10 de enero, después de que los ocho abogados defensores reclamaron nuevas pruebas caligráficas para determinar la autoría de la falsificación de la firma del notario Alberto Ballarín.

Incapacitados o enfermos

Según el escrito del fiscal, los acusados hicieron constar en las solicitudes de votos por correo su nombre como personas autorizadas por el elector para formular dicha petición, "cuando ésta debe ser personal, salvo en caso de enfermedad o incapacidad, circunstancia que no concurría en los 3.366 casos estudiados".

Asimismo, según el fiscal, hicieron constar como domicilios a los que se debía enviar la documentación para el voto el de la sede central del Partido Popular, en la calle de Génova, 13, o alguna de las otras oficinas del PP. "Una vez recibidas las papeletas y sobres electorales junto con el certificado, ellos mismos introdujeron las papeletas en el sobre y lo remitieron a la mesa correspondiente", según explica el fiscal en su escrito.

La investigación de estos hechos comenzó a raíz de un acta que levantó la Junta Electoral en mayo de 1991, cuando una mujer fue llamada a participar en una mesa electoral y se negó argumentando que no podía asistir porque ya había votado por correo en la sede del PP.

La citada Junta Electoral no tenía constancia de que hubiera solicitado votar por correo y levantó un acta para averiguar lo ocurrido. Posteriormente, el PSOE denunció el caso por la vía contenciosa dos días antes de las elecciones y solicitó que se declararan nulos los colegios electorales a los que iban destinados los votos cuya firma notarial fue falsificada. La petición de los socialistas no fue aceptada.