El hospital Joan XXIII aparta de sus funciones a dos médicos tras la muerte de un bebé en el parto

Un juzgado de Tarragona investiga la presunta negligencia médica ocurrida el pasado lunes, cuando un bebé murió durante el parto en el hospital público Joan XXIII, un centro sobre el que ya pesaban dos denuncias por irregularidades en el servicio de ginecología y obstetricia, y cuyo funcionamiento está siendo auditado por Sanidad. El hospital comunicó ayer la suspensión de funciones a dos facultativos del servicio, uno de los cuales era el responsable de esa unidad el lunes, "después de las omisiones y/o acciones no ajustadas al nivel actual de la práctica clínica".

La investigación abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Tarragona deberá determinar y aclarar cuál fue el comportamiento del personal que atendió a Araceli C. D., de 37 años, quien ingresó en el hospital el pasado domingo alrededor de las doce de la noche tras haber roto aguas. La paciente, que presentaba un cuadro de esterilidad, se había sometido desde 1991 a un tratamiento de fertilización in vitro y había tenido un aborto previo. Por ese motivo se había incorporado desde el inicio de su gestación, que se había desarrollado sin problemas, al programa de alto riesgo obstétrico. La gestación fue controlada simultáneamente en Barcelona, en la clínica privada donde se realizó la fecundación, y en el hospital de Tarragona. El médico que atendía a la mujer en Barcelona tenía previsto realizarle una cesárea el pasado jueves si antes no se había producido el alumbramiento. Araceli C. D. permaneció en la planta de ginecología durante toda la noche y, según una información del propio hospital, a las diez de la mañana del lunes, al no haberse desencadenado el parto, los médicos decidieron inducirlo.

A las 15.30 horas se inició la estimulación del útero de la mujer para facilitar su dilatación, pero tres cuartos de hora más tarde se apreciaron problemas en el ritmo cardiaco del feto.

Según un informe del hospital, ante esta situación "se realiza cesárea de forma inmediata por sufrimiento fetal agudo". El bebé, un niño de más de tres kilos de peso, nació vivo y fue trasladado a la UCI de neonatología, donde murió dos horas más tarde. El informe del hospital constata que el niño presentaba un edema cerebral y que había padecido insuficiencia respiratoria. En las 17 horas que duró todo el proceso, la paciente fue visitada por tres médicos diferentes.

La familia denunció los hechos por presunta negligencia médica el pasado miércoles y, tras abrir diligencias, el juzgado ordenó la realización de una autopsia al bebé. La familia había autorizado ya por escrito al hospital para que éste realizara la autopsia.

Dilación

Al saber que podría realizarse una autopsia judicial, la familia comunicó por dos veces al hospital que no hiciera la autopsia al bebé. Los familiares explican que los responsables del hospital les aseguraron que no realizarían la autopsia pero, a posteriori, y mientras la familia estaba en el juzgado, la hicieron.

Los familiares consideran que se produjo una excesiva dilación en la decisión de provocar el parto, máxime teniendo en cuenta que el centro era conocedor de la situación de riesgo que comportaba. La presentación de la denuncia judicial no tiene, según la familia, un ánimo alarmista, sino que lo que desea es que se esclarezca el suceso. Por el momento, el juzgado está a la espera del dictamen del médico forense, que será quien se pronuncie sobre si la muerte del feto fue causada por una negligencia médica.

El hospital Joan XXIII emitió ayer un escueto comunicado en el que se da cuenta de la suspensión provisional a dos facultativos del servicio de ginecología y obstetricia, que ya está sometido, por orden del Departamento de Sanidad de la Generalitat, a una auditoría de su funcionamiento.

Uno de los dos suspendidos, cuyo nombre no ha trascendido, estaba a cargo del servicio en el momento del parto de Araceli C. D. La decisión de la Generalitat de suspender provisionalmente a los médicos llega después de que el Departamento de Sanidad observara una actitud "poco apropiada" en ellos, según explicaron fuentes del departamento, sobre todo teniendo en cuenta que el servicio estaba sometido a gran presión por las diversas irregularidades advertidas en su funcionamiento.

El hospital afronta otras dos denuncias en los juzgados, relacionadas con la muerte de una mujer en la sala de partos y con el cambio de dos bebés. La dirección del centro sostiene que la suspensión provisional no tiene nada que ver con la auditoría, que seguirá su curso.