El Supremo y Pinochet

La Sala Segunda del Supremo ha aprovechado una resolución, en la que rechazaba la querella presentada contra el ministro de Exteriores por presunta obstrucción a la justicia en el caso Pinochet, para proponer una profunda revisión de los mecanismos legales de extradición. Se trataría de adaptar tales procedimientos, en muchos casos heredados del siglo pasado, al principio de justicia universal emanado de tratados y convenios internacionales actuales, principalmente los que comprometen a los Estados a no dejar impunes los delitos contra la humanidad y los tratos inhumanos y degradantes, como la tortura.El tribunal ha desestimado la querella que había interpuesto un particular contra Matutes por negarse a tramitar un eventual recurso del juez Baltasar Garzón contra la decisión preliminar del ministro británico del Interior, Jak Straw, de liberar a Pinochet por razones de salud. Pero advierte que si resoluciones administrativas incontrolables, como la del ministro británico, interfieren en el ámbito jurisdiccional, no sólo quedará en entredicho esa justicia universal reconocida en los tratados, sino el propio Tribunal Penal Internacional que se pretende crear.

El ministro Matutes no ha podido cometer ningún delito de obstrucción a la justicia por la sencilla razón de que la decisión de Straw no es judicial sino, política. Es una facultad que la ley inglesa de extradición atribuye al ministro del Interior: tener la última palabra en cuanto a la entrega o no de la persona reclamada. Y la ejerce de acuerdo con criterios políticos, en un ámbito administrativo distinto al judicial del procedimiento de extradición. Por tanto, la decisión de Garzón de recurrir la liberación de Pinochet no vincula al Gobierno español. Cursarla o no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sin que ello suponga obstrucción a la justicia, establece el Supremo.

Pero que esta actuación -tanto la de Straw como la de Matutes- sea formalmente legal no quiere decir que sea consecuente con las exigencias de justicia derivadas de la Convención Internacional contra la Tortura, ratificada por España y el Reino Unido, en virtud de la cual los tribunales ingleses se pronunciaron en contra de la inmunidad de Pinochet. A juicio del Tribunal Supremo español, tal actuación no deja de ser una interferencia política coyuntural, contraria al principio de legalidad, que debe desaparecer de los procedimientos de extradición si se quiere hacer efectiva esa justicia universal contra los reos de delitos contra la humanidad.