El Gobierno aplaza y prolonga por espacio de cuatro meses la regularización de extranjeros

El caos que rodeó el primer día de entrada en vigor de la Ley de Extranjería y, sobre todo, el temor a que se repitan en plena campaña electoral los tumultos y aglomeraciones de inmigrantes que hubo el martes en varias ciudades españolas, han acabado por convencer al Gobierno de la conveniencia de aplazar y prolongar por espacio de cuatro meses el proceso extraordinario de regularización previsto en la nueva ley. El periodo de documentación de irregulares, fijado para entre el 22 de febrero y el 28 de abril, comenzará ahora el 21 de marzo y se prolongará hasta el 31 de julio.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, quien ya el martes calificó de "razonable" la demanda de ampliar el plazo de regularización de unos 80.000 inmigrantes, adelantó en Las Palmas de Gran Canaria la noticia. Tal como habían reclamado las organizaciones sociales representadas en el Foro para la Inmigración, el proceso de regularización se prolongará durante cuatro meses, en vez de los dos previstos en el borrador de decreto que elaboró el Gobierno.Además, su puesta en marcha se aplaza hasta el 21 de marzo, lo que permitirá realizar una campaña informativa entre los afectados, que incluirá un teléfono de atención pública, y reforzar los medios materiales y humanos de las oficinas encargadas de tramitar los expedientes.

El decreto sobre la regularización, que se aprobará este mes, beneficiará también, como solicitó el Foro de la Inmigración, a los demandantes de asilo a quienes no se admitió a trámite su solicitud y no sólo a los que la vieron rechazada, según indicaron ayer fuentes gubernamentales.

Pimentel atribuyó las colas que se formaron el lunes ante las oficinas de extranjería a la "desinformación" y pidió calma a los inmigrantes, argumentando que en esta ocasión no existe ningún cupo máximo, por lo que da igual el orden de presentación de las solicitudes, ya que "toda persona que cumpla las condiciones va a ser regularizada".

Dichas condiciones consisten en acreditar la estancia en España desde antes del 1 de junio de 1999 y haber disfrutado de un permiso de trabajo o residencia, o al menos haberlo solicitado, en los tres años anteriores a la ley. Es decir, antes del 1 de febrero.

La necesidad de presentar la solicitud de residencia o trabajo antes del martes, para todos aquellos extranjeros que no lo hubieran hecho antes, y el temor a que la vigencia de la ley sea muy breve -ya que el PP ha anunciado su intención de reformarla si gana las elecciones del 12-M- explican las aglomeraciones.

Alud de críticas

La decisión del Gobierno, que la secretaria de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, comunicó ayer tarde a los sindicatos y ONG, se produjo tras recibir un alud de críticas por su imprevisión. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, acusó al Gobierno de sembrar la "confusión" y generar una "inquietud muy justificada" entre los trabajadores extranjeros. "No podemos de comportarnos como los apaleadores de los inmigrantes", afirmó, en alusión a la carga policial ante la oficina de extranjería de Alicante.

El responsable de Migraciones de CCOO, José Luis Sánchez, advirtió de que "sería una burla que colectivos de inmigrantes no pudieran regularizar su situación por problemas burocráticos". Por su parte, USO expresó su confianza en que los problemas creados con la aplicación de la nueva ley "no sean un burdo ardid de un Ejecutivo en funciones que votó en contra de ella y ha amenazado con modificarla sustancialmente tras las elecciones".

Más lejos fue el presidente andaluz, Manuel Chaves, quien acusó al Gobierno de actuar "con mala fe" para evitar que la ley produzca efectos beneficiosos.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo ayer en Sevilla que no tiene "empacho" en "pedir perdón si ha habido alguna falta de diligencia" en la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, aunque los problemas han sido "más la excepción que la regla".

Agregó, en todo caso, que el Gobierno tiene la voluntad "inequívoca, rotunda y firme" de aplicarla, para lo que pondrá todos los medios necesarios y buscará una "mejor coordinación" entre los departamentos afectados, al margen de su partido tenga el propósito de reformarla.

Respecto a la detención de 62 inmigrantes ilegales el martes por la noche en el Estrecho, el ministro la atribuyó al "efecto llamada" de la nueva ley. "Todos sabíamos que la apertura de un proceso de estas características iba a producir una acción de esa naturaleza", argumentó.