El parque de bomberos donostiarra abre otra brecha entre Ayuntamiento y Diputación Sudupe y Elorza se reunirán en breve para intentar resolver el conflicto

El diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Román Sudupe, y el alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, estudiarán en breve las bases que regularán en adelante la coordinación institucional en el servicio de extinción de incendios de la capital donostiarra. La falta de entendimiento que ha existido en todos los intentos por consensuar el funcionamiento y el modelo de financiación del parque de bomberos de San Sebastián presagian que sea difícil resolver esta nueva colisión entre ambas instituciones.

El parque de bomberos de San Sebastián, un cuerpo centenario que gestiona el Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, está en pleno centro de la ciudad y ocupa un viejo edificio que también alberga las dependencias de la Guardia Municipal y el Conservatorio de Música. Se encuentra en una situación precaria, con "unas instalaciones deficitarias y un material obsoleto" según el concejal delegado de Servicios Municipales, el popular Javier Urbistondo, por lo que el equipo de gobierno municipal ha decidido "hincar el diente a este problema", cuya solución pasa por ampliar la plantilla de profesionales y construir unas instalaciones nuevas.La Diputación llegó en 1989 a un acuerdo con el Ayuntamiento según el cual este servicio contraincendios ampliaba su área de influencia hasta abarcar todos los municipios limítrofes mientras el Gobierno foral no pusiera en marcha un parque nuevo para atender a la comarca de Donostialdea. A cambio, la Hacienda municipal ha recibido desde entonces una contraprestación económica anual, que en 1999 ascendió a 235 millones de pesetas y este año iba a ser de 240 millones. El presupuesto del parque para este ejercicio asciende a 643 millones de pesetas.

Aportación insuficiente

Elorza juzga insuficiente esta aportación, por lo que ha solicitado que el control de los bomberos de San Sebastián sea asumido íntegramente por la Diputación o, de lo contrario, cofinancie la ampliación de la plantilla y las obras de la nueva sede, cuya ubicación aún está por decidir.

La Diputación, haciendo caso a las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, propuso el año pasado firmar un convenio interinstitucional donde queden claras las competencias de cada cual y los compromisos económicos que asume el ente foral para satisfacer los servicios supramunicipales. El diputado de Presidencia, Joaquín Villa, de EA, asegura que su departamento entregó en marzo en la alcaldía un proyecto de convenio y todavía no ha recibido contestación.

Las reclamaciones económicas del Ayuntamiento chocan con la posición de la Diputación, que insiste en aportar una cantidad económica al año, de acuerdo con lo que estipule el nuevo convenio, "y luego el Ayuntamiento, como autónomo que es en esta materia, podrá utilizar el dinero en lo que quiera, bien en el nuevo parque, bien en la compra de material", dice Villa.

La cumbre que mantendrán Sudupe y Elorza para solucionar estas diferencias se produce en un momento delicado, justo después de la controversia que han protagonizado el mandatario donostiarra y el diputado de Cultura, Luis María Bandrés, acerca de la financiación del Teatro Victoria Eugenia y del Museo San Telmo. En este contexto ha irrumpido Elorza al solicitar una reunión "al más alto nivel", dijo hace poco, para exigirle a Sudupe que cumpla los mandatos de la norma foral 3/1987 sobre implantación del servicio foral de extinción de incendios, que instaba a la Diputación a construir ocho parques de bomberos nuevos en la provincia antes de 1993. Hoy, seis están en funcionamiento, uno a punto de inaugurar y el otro en construcción.

La Diputación tiene pendiente el parque de Donostialdea y se halla a la espera de conocer el resultado de un estudio sobre la mejor ubicación del mismo. Mientras tanto, se aferra a la subvención anual que entrega al consistorio. El concejal Javier Urbistondo alude al "principio elemental del respeto a sus propias normas" como argumento para criticar la "dejadez foral en este tema". Joaquín Villa, en cambio, sostiene que la Diputación no tiene ninguna competencia sobre el servicio contraincendios de la ciudad, aunque aclara: "Estamos abiertos al dialogo para huir de la confrontación institucional". "Queremos que los servicios de emergencia y seguridad no sean utilizados como arma arrojadiza entre las instancias públicas, sino para dar mayor bienestar a los ciudadanos. En esta cuestión no procede la crispación", agrega el responsable de Presidencia.