Querellas contra Matutes por no recurrir la posible libertad de Pinochet

El profesor de Sociología de la Universidad Complutense Marcos Roitman Rosenmann, víctima de torturas durante la dictadura chilena, presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, por un supuesto delito de denegación de auxilio a la Justicia en el que habría incurrido al dar orden de no recurrir la decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, si éste se pronuncia por la liberación del general Augusto Pinochet por motivos de salud.

El querellante solicita al Tribunal Supremo que, como medida cautelar urgente, ordene al ministro de Asuntos Exteriores que transmita a la fiscalía británica instrucciones para recurrir contra la previsible decisión de Straw de denegar la extradición de Pinochet. A la querella de Roitman se suma otra contra Matutes y Santiago Cabanas, jefe del Gabinete del ministro, y un recurso contencioso administrativo para que se obligue al Gobierno a recurrir la decisión si ésta es desfavorable.El Tribunal Supremo pasó ayer mismo las querellas a informe del ministerio fiscal, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si el alto tribunal es competente y sobre si procede admitirla a trámite.

La querella de Roitman, interpuesta por el abogado de la acusación en el caso Pinochet, Joan Garcés, recuerda que el pasado 11 de enero el ministro británico del Interior, Jack Straw, actuando en funciones "cuasi judiciales y no políticas", acordó dar un plazo de alegaciones sobre su intención de interrumpir la extradición de Pinochet.

Garzón, como juez requiriente, respondió que no renunciaba "a que se agoten todos los trámites necesarios para hacer efectiva la extradición a España". Sin embargo, según el querellante, el embajador español en Londres confirmó al Home Office que el Reino de España no se proponía presentar recurso alguno contra la decisión que adoptase el ministro del Interior Jack Straw.

La querella enumera las diversas ocasiones en que el juzgado de Garzón reiteró las instrucciones de recurrir para defender la extradición española, sin que el ministro de Exteriores español las transmitiese a Londres, incluso cuando los fiscales británicos que defienden la solicitud española de extradición informaron a España de que era posible recurrir. El escrito de Roitman asegura que la tramitación de una extradición es una función de auxilio judicial obligatorio para las autoridades y para el Consejo de Ministro, y que la orden de no recurrir supone, de hecho, un desistimiento de la extradición, "lo cual le está absolutamente vedado al ministro español".

El querellante afirma que es el juez español Baltasar Garzón quien tiene exclusivamente competencia sobre la retirada de la solicitud de extradición, por lo que nos encontramos ante "una desobediencia o denegación del ministro español de Exteriores de dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales".

Agrega que la Audiencia Nacional y los tribunales británicos "han hecho su contribución al desarrollo de este precedente judicial de persecución de crímenes contra la Humanidad", por lo que ahora corresponde al Tribunal Supremo español sancionar "a quienes están maniatando a la Justicia".

Matutes: "Golpe de efecto"

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, vio en la intención de los querellantes "un deseo de atraer la atención y de presionar de un modo inaceptable para condicionar las decisiones del Gobierno español en una materia tan sensible como la política exterior".

Matutes convocó a última hora de la tarde una conferencia de prensa urgente para dar respuesta a lo que calificó de "un golpe de efecto mediático para atacar una vez más un tema que está sobradamente asumido por la opinión pública". Aunque aparentemente tranquilo, dejó traslucir cierta irritación al referirse a algunas "afirmaciones difamatorias" de las querellas que, a su juicio, "desnaturalizan el papel respetuoso del Gobierno con la justicia".

El titular de Exteriores replicó a los querellantes que si el juez considera que el Gobierno ha vulnerado la legalidad, tiene a su alcance presentar un conflicto de jurisdicción, fórmula que hasta el momento no ha intentado.

En otro momento, el ministro afirmó que el Tribunal Supremo "sabrá distinguir lo que son decisiones que corresponden al ámbito judicial y decisiones políticas, en este caso humanitarias, que corresponden al ámbito de las relaciones entre Gobiernos".