Paridad a la francesa

Francia es el primer país europeo en aprobar una ley que establece de forma estricta el principio recientemente incorporado a su Constitución de la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas a cargos electivos. Hay quien pone en duda que sea el mejor método en una sociedad avanzada para que la mujer alcance la igualdad de oportunidades políticas, pero la realidad francesa ha demostrado que era la única manera de conseguirlo a corto plazo. El principio republicano de libertad, igualdad y fraternidad no ha evitado que en la Asamblea Nacional sólo haya un 11% de mujeres, lo que convierte a Francia en el país menos igualitario de Europa occidental, con la única excepción de Grecia. Está incluso por debajo de la media mundial. Estos datos se contradicen, sin embargo, con su creciente influencia en la vida pública: 11 ministras se sientan en un Consejo de 29; una mujer preside el RPR, primer partido de la oposición, y también la Academia Francesa.La rigidez es el flanco más criticado de la ley francesa. Obliga a que no haya una diferencia superior a un 2% en el número de candidatos de uno y otro sexo en las legislativas, que se celebran por sistema mayoritario. En las elecciones con listas -europeas, regionales, senatoriales o municipales (probablemente las primeras en las que regirá el nuevo sistema, en 2001)-, fuerza a una paridad estricta al 50%, no medida por la alternancia de hombres y mujeres en las listas, sino por grupos de seis. Los partidos que no cumplan serán sancionados con multas. El sistema aprobado es tan inflexible que impediría igualmente una candidatura con más mujeres que hombres: en una opción feminista, por ejemplo. De las presidenciales no se habla, puesto que resulta insoluble.

La ley, que aún ha de pasar por el Senado, fue aprobada en primera lectura con tan sólo un puñado de abstenciones y un voto contrario; es decir, por una mayoría mucho más amplia que la que dio su visto bueno, el pasado verano, a la reforma de la Constitución para favorecer "el igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y funciones electivas". Lo que indica que el principio igualitario, impulsado por el Gobierno de Jospin en cumplimiento de una promesa electoral, ha calado en estos meses mucho más, por ejemplo, que la reforma de la justicia, que zozobró en un Senado dominado por la derecha y que hubiera servido para defender mejor el igualitarismo entre sexos.

En España, el acceso de la mujer a la política ha mejorado. Pero en el Congreso recién disuelto sólo un 22% eran mujeres, proporción que aumentará seguramente tras el 12 de marzo. Pues, acepten o no el principio de cuotas en sus listas, todos los partidos -incluyendo el PP, que rechaza explícitamente las cuotas- lo practican por pura rentabilidad electoral. La presencia femenina en las candidaturas está entre el 30% y el 40%. El PSOE propone una reforma de la Ley Electoral en un sentido más paritario, aunque no tan estricto como el francés, con una horquilla para uno u otro sexo del 40% al 60% en las listas. Es la proporción que ya rige por ley en Noruega y que se aplica en Suecia sin necesidad de una ley específica.

Llegar más allá, como se ha hecho en Francia, rebasa el concepto de la discriminación positiva, que por definición debería ser temporal, hasta que la igualdad sea realmente efectiva en todos los ámbitos: en el político, pero también en el profesional. Medio siglo después de que Simone de Beauvoir escribiera el Segundo sexo, aún siguen siendo necesarias normas legislativas para superar multitud de discriminaciones, y la ley francesa, con todas las salvedades que puedan hacerse a su rigidez casuística, contribuirá, sin duda, a dar un gran salto adelante.