El cobro de comisiones por obras salpica a los partidos franceses

Entre 1989 y 1996 la región de Île-de-France -París y sus alrededores- alteró la adjudicación de la construcción y renovación de centros escolares para que las principales empresas constructoras pudieran repartirse así un mercado estimado en 600.000 millones de pesetas. Paralelamente, los partidos políticos franceses parecen haber alimentado sus cajas negras cobrando una comisión de entre un 2% y un 3% de cada contrato a través de sociedades de estudios. Las irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de ayuntamientos y regiones y por el propio Estado francés han encarecido las obras, de tal manera que el contribuyente ha acabado por pagar, a través de sus impuestos, alrededor de 62.500 millones de pesetas de más.

De momento, son ya 33 las personas inculpadas en el sumario de los acuerdos ilícitos entre constructores, entre ellas el gaullista Guy Drut, exministro de Juventud y Deportes y antiguo campeón olímpico. Drut habría cobrado el equivalente de unos 20 millones por un trabajo no identificado, que su abogado ha definido como "préstamo de nombre e imagen".

Fuentes judiciales han señalado al diario Le Monde que el caso podía calificarse como "el atraco del siglo". Las responsabilidades políticas del caso, que salpican a alcaldes y consejeros regionales gaullistas, liberales, socialistas o comunistas, aún no están bien delimitadas.

Michel Giraud, antiguo ministro próximo a Édouard Balladur y presidente regional, y Michel Roussin, también exministro y hombre de confianza del presidente de la República, Jacques Chirac, cuyo gabinete dirigió mientras era alcalde de París, parecen haber jugado el papel de organizadores de esta mecánica de falsas licitaciones para que las grandes sociedades de construcción pudieran sobrevivir a la crisis del sector inmobiliario entre 1989 y 1996, después de haberse garantizado la práctica exclusividad de la ejecución de las obras públicas en Francia.