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Tribuna:

Por una democracia de mayor calidad

Woody Allen dijo en una ocasión que "el mejor régimen para un país es una democracia, aunque el que tenemos en Estados Unidos no está mal del todo". La frase merece ser recordada, porque revela la manera en que se nos presenta a los seres humanos el sistema democrático a finales del siglo XX. A estas alturas, excepto en medios amantes de la extravagancia o muy alejados, por razones diversas, de la evolución mayoritaria de las ideas, no hay otro régimen aceptable desde cualquier punto de vista que la democracia. Pero ésta, en su funcionamiento habitual, nos resulta a los ciudadanos no sólo poco digna de cualquier entusiasmo, sino incluso poco merecedora de atención, quizá porque su espacio efectivo se va reduciendo. La política, por otro lado, da la sensación de haberse convertido en una profesión que sólo puede interesar a quienes viven de ella.Ello conduce a un creciente escepticismo respecto a los políticos, los partidos y, lo que es más grave, a la capacidad de la política (democracia) para resolver sus problemas. Quienes suscribimos este artículo pensamos que, si queremos devolver a la política la primacía que debe tener en una democracia fuerte, es preciso dar un paso adelante y que éste sólo puede tener como objetivo una participación exigente de los ciudadanos. Ni la abstención, ni la desidia apática, ni la milagrería con pretensiones regeneracionistas, ni la condena sin paliativos a una opción política acompañada de la exaltación antagónica de la contraria pueden ser solución a estos problemas. En cambio, un debate a fondo sobre las cuestiones que se presentan de forma más acuciante al conjunto de los ciudadanos en el momento actual y un llamamiento a los partidos para que les den una respuesta clara resulta un procedimiento adecuado en un sistema democrático.

No es un ejercicio de masoquismo, sino de realismo, constatar que nuestra democracia tiene defectos objetivos; lo que llama la atención es el escaso interés en resolverlos. Se ha perdido la centralidad del Parlamento en la vida política, y las comisiones de investigación, en otro tiempo solicitadas con fervor, ahora han pasado a ser consideradas tan sólo como un motivo de engorro imaginado por la oposición. En años pasados proliferaron propuestas de modificación de la vida política: llama la atención que en la última legislatura no sólo no se hayan abordado, sino que ni tan siquiera hayan sido sometidas a consideración en un Parlamento en que la placidez sólo ha sido interrumpida por ocasionales periodos de gresca. Ni reforma electoral para acercar a los representantes a los representados; ni del Reglamento del Congreso para hacer más efectivo a éste; ni ley de partidos que convierta a éstos en auténticos partidos de los ciudadanos y no sólo de grupos reducidos. Porque si algo caracteriza a los partidos es la esclerosis. Una experiencia que revitalizó la vida partidaria como fueron las "primarias" tiene incierto el futuro, pues parece que ya nadie las desea, y, en vez de abrirse a los ciudadanos, se siguen planteando las cuestiones -listas, etcétera- en clave interna, con desasosiego del común.

Llama la atención que desde hace años, con tan sólo contadísimas excepciones, no se ha incorporado a ellos casi nadie que tenga una significación social o profesional verdaderamente relevante en la vida española. Pero a esto, que era conocido y experimentado de antaño, hay que sumar en los últimos tiempos un manifiesto olvido de dos requisitos imprescindibles en la vida pública democrática; la competencia y la ejemplaridad. Por más que resulte obvio, es preciso recordar que no se puede aceptar sin más que un alto responsable político -un ministro, pongamos por caso- carezca de conocimientos elementales sobre las materias en las que tiene que tomar decisiones de primera importancia para los ciudadanos. De ello hemos tenido no pocos ejemplos en variadas direcciones. Tampoco es tolerable la falta de ejemplaridad en los comportamientos de los políticos. En España da la sensación de que la ética del servicio público pasa por una crisis ante el escándalo de la ciudadanía, que observa que los partidos no toman medidas drásticas e incluso a veces cierran filas, cuando en realidad la mayoría de los políticos son honestos, pagando así justos por pecadores.

En otro orden de cosas, ningún partido está exento de culpa en lo que respecta a la utilización sesgada de los medios públicos de comunicación. A estas alturas resulta evidente que esta situación -que además, frente a lo que suele decirse, no resulta tan habitual en Europa occidental- debe ser superada. RTVE no puede seguir siendo un instrumento meramente gubernamental, pues una información objetiva y veraz es fundamento de la democracia y derecho básico de los ciudadanos. De otro lado, las privatizaciones no pueden convertirse en instrumento para pasar de un sector público estatal a un sector privado gubernamental que admite, además, el escándalo de las stock options de Telefónica, de efectos gravemente desmoralizadores.

Otro aspecto de nuestra vida política que está en peligro es el que atañe a la voluntad de acuerdo en lo esencial -llámese a esto consenso o no- en materias que exigirían el interés del Estado. Así, en una cuestión que resulta grave, inmediata y acuciante como es la que se refiere al País Vasco, hemos presenciado una conflictividad permanente en declaraciones y tomas de postura entre los partidos que representan a la mayoría de la sociedad vasca y que coinciden de forma inequívoca en los principios democráticos. Esa situación, que puede agravarse en plena campaña electoral, es insensata, principalmente porque difunde un sentimiento gravemente desmoralizador en el conjunto de la sociedad española.

Queremos hacer una llamada al debate y a la participación de los ciudadanos en un momento como el actual. No nos sentimos dotados de especiales méritos para impartir doctrina, de modo que nuestra propuesta emana del sentido común de ciudadanos que observan que nada tendrá solución si los partidos no ejercen en los meses de campaña electoral, con exigencia y voluntad, su deber de aclarar y proponer soluciones concretas a los problemas colectivos. Una elección no es un acto más en las liturgias de la democracia, sino que constituye el centro de gravedad mismo de este sistema político. La Constitución contiene los elementos de una democracia de calidad, incluso avanzada, pero la práctica política actual no responde a la aspiración que un día manifestó la ciudadanía. Es hora de empezar a corregir esta situación.

Este artículo también está firmado por Nicolás Sartorius, Javier Tussell, Xavier Folch, Pere Portabella, Jesús Ruiz Huerta, Joan Subirats, José Juan Toharia, Antoni Puigvert, Joaquín Araujo, Antonio Fraguas (Forges) y Josep Maria Vallès.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de enero de 2000