PSOE e IU creen que el 'supercontrato' del metro reducirá el empleo en la región

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE e IU) quieren que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, les explique las circunstancias de adjudicación del supercontrato sobre compra de trenes del metro. La izquierda exige saber por qué el Ejecutivo ha adjudicado el 60% de este contrato de 53.000 millones de pesetas al consorcio italiano (Ansaldo-Breda), sin fábricas en España, y, en cambio, CAF, empresa con industrias en Madrid, sólo ha recibido el 40% restante. (Véase EL PAÍS de ayer).Julio Setién, responsable de Industria del grupo parlamentario de IU, cree que el Gobierno regional "no ha defendido el empleo en Madrid". "Es inconcebible que se le adjudique un contrato a los italianos cuando la situación de la industria nacional es mala. No parece la mejor forma de asegurar la continuidad de los puestos de trabajo existentes", dijo.

Setién, que pedirá la comparecencia del consejero de Economía, Luis Blázquez, asegura que el procedimiento de adjudicación ha sido "poco claro", ya que "se ha realizado a través de la empresa del metro, y no mediante los organismos que requieren la supervisión de los políticos".

El portavoz en Infraestructuras del PSOE, Julián Revenga, afirma que aún carece de datos para valorar la adjudicación, pero dejó claro que "dentro del actual contexto europeo" no se puede rechazar una oferta "porque no éste en España". Revenga, que no descarta pedir también explicaciones al Gobierno, prefiere centrar sus esfuerzos en revisar el proceso. "Hay puntos oscuros, como que el concurso acabase el 19 de agosto, pero todo eso habrá que estudiarlo con detenimiento", señaló.

Críticas a Industria

Por su parte, la Federación de Minerometalúrgica de CC OO emitió ayer un comunicado en el que criticaba la postura del Ministerio de Industria, departamento que no ve "nada extraño" en la adjudicación. El sindicato considera que el ministerio, "en lugar de encontrar normal, habitual y lógica la concesión de estas obras a empresas que no están instaladas en España, debería preocuparse en crear un centro de coordinación que tenga en cuenta la realidad española".

CC OO indica: "Todos los países desarrollados, los europeos en particular, utilizan las inversiones de las diferentes administraciones públicas y empresas controladas como un factor clave para la consolidación de su industria. No resulta incompatible este tipo de prácticas, claves para el desarrollo y la consolidación del futuro, con las normativas comunitarias relativas a la defensa de la competencia. CC OO entiende que Industria debe impedir que procesos de adjudicación como el que se pretende en el metro pongan en peligro cientos de puestos de trabajo".

El sindicato concluye que si CAF -que optó al concurso de la mano de las empresas alemanas Siemens y Alstom- no recibe el trabajo, puede "salir profundamente dañada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 21 de enero de 2000.

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