El Gobierno recurre la ley andaluza de cajas que jubila al cura Castillejo de CajaSur

El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley andaluza de cajas de ahorros, que supone la jubilación del sacerdote Miguel Castillejo al frente de CajaSur. En línea con las reclamaciones de la Iglesia católica, el Gobierno estima que las disposiciones incluidas para igualar la composición de los órganos de gobierno de la caja cordobesa a la del resto de entidades contravienen la norma estatal. Los obispos andaluces habían reclamado a la Conferencia Episcopal que exigiera al Ejecutivo la paralización de la ley andaluza para preservar las "singularidades" de CajaSur. También considera el recurso que la ley andaluza regula algunas materias reservadas al Estado.

El Gobierno y la Junta de Andalucía tienen desde ayer un nuevo conflicto que sumar a su larga lista de agravios. El Ejecutivo central, en su recurso ante el Constitucional, hace suyos los argumentos usados por los obispos andaluces en defensa del reparto de poderes que se había conservado hasta ahora CajaSur. La ley de cajas de ahorro aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 1 de diciembre equipara la representación de la Iglesia en los órganos de gobierno de la entidad cordobesa a la reservada a los fundadores de las otras cinco cajas de la región (el 9%, cuando el cabildo catedralicio tenía hasta ahora el 35%).La ley autonómica -considerada por el presidente andaluz, Manuel Chaves, como el proyecto más importante de la legislatura- acababa también con otras "singularidades" de CajaSur; el presidente debía ser elegido por la Asamblea, no por la Iglesia y también regía para la entidad una edad de jubilación, los 70 años, lo que suponía el cese inmediato del sacerdote Miguel Castillejo al frente de la caja, que dirige desde hace 26 años. La ley recoge también un periodo máximo de presidencia de ocho años (dos mandatos de cuatro), con la excepción de una prórroga de cuatro años para los actuales dirigentes.

El Ejecutivo central estima que estas modificaciones de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (Lorca) contravienen la normativa estatal, que reproduce los tratados internacionales firmados por España y la Santa Sede.

Suspensión

La impugnación se apoya también en que el Ejecutivo considera que la ley andaluza "regula materias que vulneran la normativa básica", aunque sin mayor precisión. Un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas detalló que el Gobierno se refiere a cuestiones técnicas y contables y que si el recurso es aceptado a trámite, sólo se suspenderán los preceptos en cuestión y el resto de la ley seguirá en vigor.

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, anunció ayer en Málaga que la Junta emprenderá acciones legales contra el recurso del Gobierno "en cuanto sepamos qué es exactamente lo que recurre". "Por las noticias que tenemos", dijo Álvarez, "lo único que se recurren son dos párrafos". La consejera autonómica se alegró de que "después de que el PP [andaluz] se haya desgañitado diciendo que la ley de Cajas es inconstitucional, el Gobierno recurra sólo dos párrafos y en tiempo de elecciones, lo que hace pensar que el recurso tiene algo que ver con esto".

La consejera comentó que la decisión del Consejo de Ministros le parece "muy grave, porque ésta no es una ley del PSOE, sino del Parlamento Andaluz, y me parece aberrante la frivolidad con la que se quiere usar la Constitución contra Andalucía". "La ventaja", añadió, "es que al final se sabe qué es lo que defiende cada uno. El Parlamento Andaluz defiende lo que quieren los andaluces, y el PP recurre para beneficiar a unos cuantos". Álvarez negó que la Ley de Cajas perjudique los intereses de la Iglesia: "No se le eliminan los privilegios, sólo se someten a control".

La lectura realizada por el secretario regional del PP, Antonio Sanz, fue la opuesta: "El recurso era necesario para corregir los tics antidemocráticos y el excesivo intervencionismo". El dirigente popular interpretó la impugnación de la ley como un refrendo de la postura mantenida por su grupo parlamentario durante la tramitación de la norma.

El PSOE ya tuvo que retirar uno de los proyectos incluídos en la ley, la creación de una entidad financiera común, ante las amenazas de los populares de llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional porque se obligaba a las seis cajas andaluzas a participar en este organismo. Con la entidad financiera común, la Junta pretendía coordinar las inversiones de las cajas en proyectos regionales de inversión.