El fiscal pide 10 años para la mujer que mató a su nieto porque creía que se lo iban a quitar
La Fiscalía de Madrid solicita 10 años de cárcel por asesinato para Joaquina G. D., la mujer de 64 años que mató a su nieto, de dos años. Le asestó siete cuchilladas porque estaba convencida de que alguien quería arrebatárselo. El fiscal reclama, asimismo, que la acusada indemnice con 20 millones de pesetas a los padres del menor Alejandro F. C., que sufría síndrome de Down cuando halló la muerte a manos de su abuela. El crimen ocurrió el 11 de enero de 1999 en la vivienda que la procesada posee en el pasaje de Carena del barrio de La Estrella (Retiro).
La acusada intentó suicidarse tras el crimen clavándose un cuchillo en el cuello y el toráx. Como los padres del crío trabajaban, durante algún tiempo dejaron al pequeño con la abuela para que cuidase de él. Con el paso del tiempo, la acusada comenzó a dar muestras de una fuerte despresión y los padres optaron por liberarla de esa responsabilidad y llevarle a una guardería. La abuela asimiló mal esa decisión, lo que agudizó su depresión. El lunes 11 de enero de 1999, el crío sufrió un resfriado y tenía fiebre, y como no podía ir a la guardería, la madre, Dolores C. G., lo llevó con la abuela (su madre) mientras ella acudía a su trabajo en el Gregorio Marañón. El crimen ocurrió a la hora del almuerzo. Sobre las 14.30, la abuela salió gritando al descansillo de su casa, en la tercera planta de la citada calle. "¡Qué he hecho, qué he hecho, mi niño, mi niño". A coninuación entró de nuevo a la casa y se clavó varias veces un cuchillo en el cuello y el tórax.
Los vecinos oyeron los lamentos de la abuela y subieron al piso, que estaba con la puerta abierta, para ver qué sucedía. En la cama del dormitorio yacía el cadáver del pequeño, con siete puñaladas, envuelto en sangre y boca arriba. La mujer también yacía tumbada en el suelo, con sangre brotando de su cuello y sin dejar de gritar: "¿Qué he hecho?, ¡mi niño, mi niño!".
Atención médica
Los vecinos alertaron al Samur y a la policía. Nada pudieron hacer los sanitarios por salvar la vida de Alejandro, que presentaba tres cuchilladas en el tórax, entre otras gravísimas y mortales heridas. Tras intentar sin éxito reanimar al niño, los médicos acudieron a la abuela, que se opuso a la asistencia arrancándose el suero que le colocaron.
Poco después llegó la madre del menor a la casa y se topó con la tragedia. La mujer sufrió una crisis nerviosa de la que precisó atención médica. Los vecinos señalaron entonces que en las últimas semanas habían notado una actitud extraña en la abuela del crío.
"Ella sólo se limitaba a decir que estaba mala, pero nunca dio señales claras de estar perturbada", comentó una vecina tras el crimen. La mujer había cuidado del crío durante muchos meses, hasta que los padres decidieron llevar al niño a la guardería en vista de que la salud mental de la abuela se deterioraba inexorablemente. La acusada estaba en trámites de separación de su marido, el abuelo del menor.
Los investigadores policiales hallaron en casa de la abuela un manuscrito en el que ésta indicaba que había decidido matar a su nieto, víctima del síndrome de Down, porque se lo iban "a quitar". El arma homicida fue hallada por la policía en la repisa del lavabo.
El fiscal detalla en su escrito de acusación provisional que Joaquina mató a su nieto cuando sufría un cuadro de "trastorno del comportamiento que disminuía notablemente su capacidad cognoscitiva y volitiva", lo que debe tenerse en cuenta en el juicio como "eximente incompleta de su responsabilidad", señala.
Pese a todo, el ministerio público entiende que Joaquina cometió un asesinato y que debe cumplir una condena de 10 años de prisión. En caso de que el tribunal la considerase culpable y le impusiese esos 10 años de cárcel, Joaquina sólo estaría en prisión (o en un centro psiquiátrico) hasta que cumpliese los 70 años.
Joaquina será enjuiciada mediante la modalidad del jurado popular en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid. Al juicio tendrán que acudir, en calidad de testigos, los padres del niño asesinado y vecinas del bloque de pisos en el que ocurrieron los hechos, así como varios psicólogos y psiquiatras que se pronunciarán sobre el estado mental de la acusada.
La defensa de la acusada reconoce los hechos que apunta el fiscal en su escrito de acusaciòn, si bien pide la absolución de la procesada "con todos los pronunciamientos favorables", aun cuando no especifica si ello debe hacerse así por el estado de salud mental de Joaquina.
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