El antecesor de Tabares reconoce que el Ivex tuvo problemas de cobro al inicio del contrato con Ford

El antecesor de José María Tabares en la dirección del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), Joan Mir, reconoció ayer ante el juez que llegó a varios acuerdos con Ford y Jean Luc Lagier para facilitar la exportación de vehículos de la multinacional a Túnez. Mir, que no escatimó elogios para su sucesor, aceptó que él mismo impulsó cambios en esa colaboración porque en su mandato ya se detectaron retrasos en el pago de Apod, la empresa de Lagier que compraba al Ivex los productos tunecinos adquiridos antes por éste para generar derechos de compensación a favor de Ford.

Mir prestó declaración durante más de cinco horas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, cuyo titular, Vicente Ríos, investiga las posibles responsabilidades penales derivadas del agujero de 1.049 millones de pesetas generado en el Ivex. La Generalitat acusa de este "quebranto económico" a Lagier, propietario de varias empresas en Túnez, y a Tabares, ex director del instituto. Según fuentes jurídicas, el ex director del Ivex, que abandonó la sociedad pública en junio de 1997 -más de dos años antes del estallido del escándalo- elogió repetidamente ante el juez a Tabares, que antes de sucederle fue director de comercio exterior y posteriormente subdirector general en su equipo de trabajo. Es más, ratificó las bases esenciales de la línea de defensa de los dos acusados por la Generalitat.

En esa orientación, negó cualquier conocimiento respecto a las irregularidades que el Ivex imputa a Tabares y Lagier, a los que acusa de un delito societario por urdir supuestamente, de espaldas al consejo de administración, una operación para financiar las firmas del empresario francés Smac y Sonotube. Por ello, tal como consta documentalmente en el sumario del caso, reconoció que los contactos iniciales y los primeros contratos suscritos por las tres partes fueron rubricados por él.

Contacto con Lagier

Mir explicó que Ford pidió al Ivex que, en ejercicio de su función, facilitara la exportación de sus vehículos al mercado tunecino. Con ese objeto, la multinacional puso en contacto a la empresa pública con Lagier, cuyas industrias en el país magrebí podrían generar derechos de compensación para que el gigante del automóvil superara las barreras arancelarias del país magrebí. Las autoridades tunecinas, para permitir las importaciones, exigen exportaciones.

El Ivex, que por aquel entonces se denominaba Procova, suscribió el primer borrador de acuerdo en junio de 1995, aún con el gobierno socialista. Diego Such, consejero de industria con el PP, dio después luz verde al contrato. Procova compraba productos metalmecánicos a Sonotube para vendérselos a Apod, una empresa del padre de Lagier que a su vez debía recolocarlos en la Unión Europea y así generar derechos de compensación.

Mir, que casi nunca bajó al detalle en sus respuestas, explicó a preguntas de Ríos que a principios de 1997 decidió cambiar el planteamiento de su relación con Ford y Lagier. La iniciativa, según explicó, intentaba adaptar la relación comercial a la naturaleza del Ivex, una sociedad que raramente compra y vende productos. Eso sí, según el ex director de Procova, la deuda de 533 millones de pesetas que Apod contrajo con el Ivex aún no había sido detectada. Simplemente, declaró, se habían producido algunos retrasos en los pagos de Apod al Arab Bank, una de las dos entidades (el otro fue el Banco Exterior de España) que financiaron las compras del Ivex a Sonotube.

Mir, que no quiso hacer declaraciones a su salida del juzgado, aseguró que Tabares asumió gran parte del peso de estas gestiones. No obstante, reconoció que en el último consejo de administración antes de su abandono del cargo -en junio de 1997- se perfiló el segundo acuerdo con Ford, suscrito un mes más tarde y supervisado por él. Paradójicamente -las actas del consejo, las memorias de la institución y los informes de la Sindicatura de Cuentas lo recogen- el Ivex niega en la querella la existencia de ese contrato.

Mir fue preguntado por los eventuales riesgos de comprar productos con dotación tecnológica de un mercado en principio poco competitivo como el tunecino. El ex director del Ivex aportó un nuevo elemento de confusión en torno al caso: según las mencionadas fuentes, explicó que la operación estaba asegurada en un 85% de su valor por el Consorcio Estatal de Seguros de la Exportación (Cesce).

El testigo del caso, dado que la deuda de Apod no fue detectada durante su mandato, no pudo explicar por qué no se ejecutó posteriormente la póliza. De igual manera, tampoco pudo entrar a ratificar o desmentir las acusaciones contenidas en la querella de la Generalitat, que hace alusión a hechos cometidos con posterioridad a su estancia en el cargo.